La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en sus sesión de este miércoles la puesta en marcha de un plan de refuerzo para el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago de Compostela, cuya titularidad es de Luis Aláez, con el fin de aligerar la carga de trabajo de este órgano y permitir al magistrado dedicar todos sus esfuerzos a esclarecer el accidente ferroviario del pasado miércoles en la curva de A Grandeira.

Según ha informado el CGPJ, esta decisión supondrá la creación de una especie de "juzgado bis" al de Aláez, con un juez de refuerzo —que tendrá que ser propuesto por el TSXG—, secretario judicial y cinco funcionarios —dos del Cuerpo de Gestión Procesal, dos del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y uno del Cuerpo de Auxilio Judicial).

Este refuerzo se hará cargo de todas las causas que hayan entrado en este órgano desde el momento del accidente, dejando al titular dedicarse a tiempo completo a la investigación del accidente, así como a la práctica de diligencias de otras causas que ya estuviera tramitando. Inicialmente el plan de refuerzo estará activo por seis meses y el CGPJ sugiere la adscripción de un fiscal específico para colaborar en la instrucción de las diligencias previas.

Oficina de víctimas

Por otra parte, la Comisión Permanente ha autorizado la creación de una Oficina de Víctimas, similar a la que se abrió en la Audiencia Nacional con ocasión de los atentados del 11-M, en la que también trabajarán un médico forense —la directora del Instituto de Medicina Legal de Galicia— y un psicólogo. Esta oficina se dedicará a tramitar el ofrecimiento de acciones a las víctimas, su personamiento en el proceso judicial, seguimientos sanitarios, reclamación de gastos por lesiones o por daños materiales, entre otros aspectos.

La Comisión Permanente ha autorizado la colaboración de los servicios del CGPJ para la implantación de una Oficina virtual para ofrecer información a las víctimas y sus familiares. Asimismo, ha acordado poner a disposición del órgano judicial la posibilidad de utilizar un sistema seguro de comunicación por SMS y correo electrónico como cauce para agilizar las comunicaciones.