La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, considera que la Junta de Castilla y León ha sido capaz de adaptarse a las necesidades de inclusión social que son consecuencia de la crisis al "poner en la mesa" programas "pioneros y razonables", aunque ha reconocido que esta "gran línea de trabajo" no entraba dentro de las previsiones de esta Legislatura, algo que ha afectado a algunas inversiones.

Marcos, en una entrevista concedida a Europa Press, ha señalado que la inclusión social ha sido la "gran línea de trabajo" de esta Legislatura, aunque no entraba "en esta amplitud de desarrollo" dentro de las previsiones, aunque cree que la Junta sí ha sido capaz de "adaptarse" a las necesidades y poner sobre la mesa programas para dar respuesta a este problema.

Así, ha explicado que se partía de una base importante en esta materia como es la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que permite dar "una respuesta rápida" para cubrir necesidades básicas de subsistencia "pero no es menos cierto que han surgido problemas relacionados con el acceso a alimentos de primera necesidad, a la vivienda o los problemas de los desahucios".

Como ejemplo de la repercusión que tiene este programa, en febrero de este ejercicio —en el que había un presupuesto de 32,2 millones— se había concedido esta prestación a 10.246 familias, lo que supone más de 26.000 personas beneficiadas y un número de perceptores que casi dobla el de septiembre de 2011 —eran 5.500—.

De esta forma, junto a las iniciativas solidarias, se han establecido criterios para conseguir llegar a un mayor número de población, para lo que ha asegurado que el Gobierno autonómico "ha liderado las posibles respuesta ante situaciones complicadas que puedan estar viviendo las familias como consecuencia de la crisis".

En concreto, se ha referido a iniciativas como, además de la Renta Garantizada, y el reparto de alimentos, al programa de atención a familias en riesgo de desahucio, el único en todo el territorio nacional, que además ha ido demostrando que la fase "preventiva" es fundamental, ya que hay más de un 27% de familias a las que se ha ayudado a hacer un plan de economía familiar, ya que tenían una capacidad económica que han perdido y ahora deben adaptarse para hacer frente a las cargas económicas, siempre "con un nivel de vida digno".

Este programa "integral", a su juicio, ha demostrado que "hablando se entiende la gente" y que con la interlocución con las entidades financieras se dan soluciones de todo tipo. Ahora, tras unos meses del programa, ha explicado que las situaciones que se encuentran entre las familias son "previas" a las "críticas" que se encontraban en los primeros meses.

Pese a ello, ha destacado que en las situaciones en las que ya la solución era muy difícil se ha conseguido que, incluso una vez ejecutado el desahucio, no se produjera el lanzamiento, de manera que la familia sigue viviendo en su domicilio siempre y cuando se mantiene la situación social certificada por la Comunidad.

Para ello, como paso complementario a los que ya se han dado, Milagros Marcos ha recordado que se trabaja en un informe social "tipo" con las corporaciones locales para que pueda servir a efectos de determinar la situación de exclusión social de las familias y se tenga en cuenta entre todos los que participan en el programa.

En los primeros seis meses de funcionamiento, en este programa se ha atendido a 843 familias, con 355 casos concluidos, de los que 323 han sido resueltos sin interlocución con las entidades financieras.

"aplazamiento" de inversiones

La situación económica y las consecuencias de la crisis han provocado que la Junta tuviera que trabajar en este área, ha explicado la consejera, quien ha reconocido que hay proyectos que han quedado sin hacer a pesar de que estaba programada su ejecución.

En concreto, "fundamentalmente" se han visto afectadas inversiones como las que se refieren a la adaptación de plazas de personas válidas en las residencias heredadas del Imserso, ya que la demanda de plazas es actualmente para dependientes y sobre todo "grandes dependientes" debido al desarrollo que se ha producido en el sistema de atención domiciliaria.

Marcos ha incidido en que se trata sobre todo de adaptar tanto el modelo de trabajo como cumplir con la normativa de accesibilidad toda vez que se trabaja en un modelo de atención profesional en el domicilio.

En este contexto, ha recordado que había una planificación de construcción de residencias y adaptación de otras, con proyectos en prácticamente todas las provincias de la Comunidad y lo que se ha hecho ha sido aplazar estas inversiones "para atender toda la demanda de familias que necesitan cubrir sus necesidades básicas de subsistencia".

De esta forma, de forma fundamental se ha producido un "aplazamiento", ya que "el plan está ahí y los proyectos a la espera de financiación" y cuando haya posibilidades de tener atendida "en lo básico a toda la población que lo necesite" y una "garantía" sobre la prestación directa de servicios, "en ese momento se retomará el plan de inversiones".

El principal afectado ha sido este programa de inversiones, en el que se ha notado el mayor descenso, ha explicado Marcos, quien ha puesto como ejemplo las residencias previstas en lugares como Salamanca o el Centro Base en Valladolid.

Pero la consejera también ha recordado que aunque hay cosas que ha habido que dejar sin hacer no se ha parado la actividad, ya que se ha aprobado la Ley de Igualdad de personas con discapacidad, se ha seguido con el plan de acceso unificado, se trabaja y se puso en marcha el decreto de precios públicos, que establece un mismo criterio para todos de "quien menos tiene pueda elegir igual que quien más tiene el centro en el que quiera ser atendido", todo ello dentro de un consenso social.