Son ya, por tanto, 151 las viviendas de la zona que cuentan con expedientes de este tipo. Los últimos trámites se han iniciado tras la firma de dos nuevas resoluciones de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), los pasados 18 y 19 de diciembre. La Junta alega que los adjudicatarios incumplen la norma de usar los inmuebles como «vivienda habitual y permanente» y que no han solicitado autorización para un uso diferente.