Una imputada pide al juez comparecer en agosto en los juzgados de Ibiza

Eva María Marsal, administradora de Management de Azafatas y Servicios, ha solicitado al juez del 'caso Emarsa' comparecer en el mes de agosto en los juzgados de Ibiza, solicitud a la que ha accedido el magistrado, según consta en una providencia, con fecha 23 de julio, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Eva María Marsal, administradora de Management de Azafatas y Servicios, ha solicitado al juez del 'caso Emarsa' comparecer en el mes de agosto en los juzgados de Ibiza, solicitud a la que ha accedido el magistrado, según consta en una providencia, con fecha 23 de julio, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Marsal, también expareja del ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, ha presentado este escrito ante el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo.

En concreto, en su escrito, de fecha 19 de julio, la imputada —para quien se ha fijado una fianza de 100.000 euros en el procedimiento— solicitaba autorización para que durante el mes de agosto, y con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación de comparecencia personal interpuesta como medida cautelar, pudiera comparecer ante los juzgados de la localidad de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza), o en la ciudad de Ibiza o en el municipio de San Antonio.

El juez, tras estudiar la petición, ha decidido aceptarla pero "única y exclusivamente" durante el mes de agosto de 2013, y ante el juzgado de Instrucción de guardia de Ibiza, según consta en la providencia, contra que cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación.

Según consta en la documentación del caso, Eva María Marsal, en representación del Management Azafatas y Servicios S.L (Grupo Mas), firmó un contrato con Emarsa para realizar el diseño de la estrategia de comunicación e imagen de la entidad en los eventos nacionales e internacionales. Este grupo presentó una oferta por 29.400 euros y, sin embargo, facturó 117.926,76 euros en los ejercicios 2008 y 2009.

La mujer, imputada el 28 de noviembre de 2011, mantuvo en su declaración ante el juez, en referencia a la contratación con la entidad pública, que no cambió conceptos en una factura "que no conocía hasta el momento de ser requerida por el juzgado" y que "el hecho de que se facturara por conceptos distintos puede obedecer a salvaguardar determinados intereses de carácter político" que nada tienen que ver con ella, según manifestó.

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