El Gobierno pactará con las comunidades la estrategia sobre la devolución de ayudas al naval

  • El Consejo de Ministros ha ordenado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que convoque a Galicia, Asturias y País Vasco, sindicatos y patronal.
  • "Nuestra voluntad es que sea un trabajo conjunto y una decisión coordinada de todos los afectados", afirma Soraya Sáenz de Santamaría.
Trabajadores de los astilleros vizcaínos, durante la marcha desde Sestao hasta Santurtzi para defender la industria naval y que la UE no obligue a devolver las ayudas fiscales.
Trabajadores de los astilleros vizcaínos, durante la marcha desde Sestao hasta Santurtzi para defender la industria naval y que la UE no obligue a devolver las ayudas fiscales.
EFE/Luis Tejido
Trabajadores de los astilleros vizcaínos, durante la marcha desde Sestao hasta Santurtzi para defender la industria naval y que la UE no obligue a devolver las ayudas fiscales.

El Consejo de Ministros ha ordenado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que convoque a Galicia, Asturias y País Vasco, sindicatos y patronal de los astilleros a una reunión la próxima semana para consensuar la estrategia a seguir ante la decisión de Bruselas sobre el sector naval.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo todos los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Industria y Hacienda están trabajando en el análisis, implicaciones y las consecuencias de la decisión de la Comisión Europea (CE).

"Nuestra voluntad es que sea un trabajo conjunto y una decisión coordinada de todos los afectados. Por tanto la próxima semana se mantendrá una reunión amplia con Comunidades autónomas, sindicatos y patronal" para trabajar en la defensa del sector naval, las medidas necesarias para su pervivencia y en dar confianza a los inversores.

La Comisión Europa anunció esta semana que España debería devolver las ayudas fiscales al sector naval, aunque pidió sólo el reembolso de las bonificaciones entre mayo de 2007 y 2011 por parte de las agrupaciones de interés económico y sus inversores.

El informe de Soria defiende recurrir esta decisión ante el Tribunal de Justicia Europeo y pedir su paralización cautelar mientras se adopte una decisión ante el recurso.

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