En noviembre de 2011, Esperanza Aguirre presentó una reforma legal "responsable, necesaria y realista" para eliminar 103 empresas y organismos públicos. Presumía la entonces presidenta regional de que, con esta medida, ahorraría a los madrileños 600 millones de euros, incluyendo en esa cifra los salarios de 18 directivos y 8 altos cargos. Sin embargo, algunos de estos cargos —la mayoría personal de confianza elegido a dedo por el Ejecutivo regional— ha tenido más suerte y ha tardado poco en encontrar un nuevo acomodo en la Administración Pública.

Este es el caso de Santiago Abascal, expresidente de la extinta Agencia de Protección de Datos de Madrid —disuelta en 2012 tras enviar a 22 trabajadores laborales a la calle—, que el pasado mes de abril fue recontratado por la Comunidad para ocupar el puesto de director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, según han confirmado a 20minutos portavoces oficiales del gobierno madrileño.

Se da la circunstancia de que Abascal, presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (vea aquí su último discurso), es amigo personal de Esperanza Aguirre y de otros altos cargos del Ejecutivo que hoy preside Ignacio González.

Esta misma semana, Abascal y otros miembros del PP como Alejo Vidal Cuadras y José Antonio Ortega Lara cuestionaron la estrategia del PP y la falta de explicaciones de Mariano Rajoy tras las revelaciones del 'caso Bárcenas', una posición que Aguirre ha compartido públicamente. Abascal, Cuadras y Ortega Lara han llegado a pedir una reunión de la dirección del PP para tratar un hipotético relevo de Mariano Rajoy.

Hasta el pasado 18 abril, Abascal estaba inscrito en las oficinas del Inem como perceptor de la prestación por desempleo. La propuesta de contratación de la Comunidad data de cuatro días después, el 22 de abril. Su misión es sustituir en el cargo a María Jesús Díaz Pérez, ex teniente de alcalde de Boadilla del Monte con Arturo González Panero, exalcalde del municipio imputado en la trama Gürtel.

A pesar de cobrar del presupuesto público, el salario de Abascal es un misterio, ya que la Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende la Fundación para el Mecenazgo, se niega a revelarlo. Su contrato, sin embargo, es de "alta dirección", por lo que el sueldo ronda los 4.000 euros al mes.

La actividad de la entidad pública que le ha fichado tampoco es conocida, ni siquiera entre los propios componentes del Ejecutivo o de la Consejería, como ha comprobado este diario. En los últimos años no existen presentaciones o actos públicos de relevancia. Sus gestiones parecen reducirse a la concesión de una beca de Periodismo, un programa de voluntariado y al patrocinio de noticias en dos emisoras de radio.

Esto es prácticamente todo lo que se puede encontrar en su web, una página desactualizada en la que no figuran ni el nuevo patronato —presidido por el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel— ni el propio Abascal, a pesar de que este trabaja allí desde hace tres meses.

El apartado de 'Donaciones' del sitio ni siquiera está activo. Tampoco ofrece información al respecto, a pesar de que la búsqueda de fondos es una de sus misiones fundamentales. Como forma de contacto, solo hay una dirección de e-mail y un teléfono atendido por un contestador automático que explica que el número ya no está en servicio. Para el sindicato CC OO, esta es una entidad "opaca" utilizada por el PP para colocar a "amiguetes".

La Fundación fue creada el 30 de agosto de 2001 y para 2013 tiene un presupuesto de 180.000 euros. En su staff figuran únicamente el gerente y un "apoyo técnico", puesto que ocupa Anka Moldovan Feier, artista rumana y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma a quien Esperanza Aguirre fichó para el área de Inmigración en el año 2008.

Abascal no es el único cargo de confianza recolocado tras ser víctima de los recortes. Esperanza Aguirre también encontró un rápido acomodo a Arturo Canalda, que ocupó el cargo de Defensor del Menor de la Comunidad.

Cuando la expresidenta decretó la desaparición de este alto comisionado de la Asamblea de Madrid con la excusa del ahorro, envió a Canalda a la Cámara de Cuentas regional, donde cobra desde entonces un sueldo de entre 92.000 y 98.000 euros al año, prácticamente el mismo que en su cargo anterior.