La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) ha solicitado "documentación económica justificativa" a aproximadamente 15 miembros del colectivo de inquilinos de la comunidad M.A.-3.1, ubicada en Sevilla Este, que reclama una rebaja de sus rentas de alquiler como consecuencia del deterioro de su situación socioeconómica, según ha manifestado a Europa Press Francisco José Parra, portavoz del colectivo.

Francisco José Parra ha rememorado que el pasado mes de junio, cerca de 40 inquilinos de los 95 que ocupan esta promoción formada por 109 viviendas protegidas, pues 14 de los pisos permanecerían aún deshabitados, entregaron en el Ayuntamiento una serie de cartas individuales dirigidas al concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), al objeto de reclamar una reducción de las rentas de arrendamiento de sus viviendas protegidas merced a "la situación económica actual".

Reducir las rentas

Mientras los alquileres de esta promoción de viviendas protegidas rondan los 425 euros mensuales, según Parra, el colectivo de cerca de 40 inquilinos que protagonizó esta actuación realizó ingresos de 250 euros merced a sus alquileres para ilustrar al Gobierno municipal del PP que esta cuantía es la que las familias pueden asumir en estos momentos dada sus condiciones socioeconómicas. Las familias, en definitiva, manifestaban su compromiso de seguir "pagando" por habitar estas viviendas públicas, aunque reclamaban una "adaptación" de las rentas a su situación.

Pues bien, según Francisco José Parra, después de haber entregado en el Ayuntamiento las mencionadas cartas, Emvisesa ha entrado en "contacto" con aproximadamente 15 miembros de los cerca de 40 que protagonizaron esta actuación y les ha ido convocando para que, a lo largo de los últimos días, entregasen en las oficinas de la empresa pública una serie de "documentos económicos justificativos".

"estudio riguroso de ingresos"

Parra ha explicado que estas personas han entregado ya a Emvisesa los documentos solicitados, en concreto "nóminas" y documentación relativa a los ingresos familiares, y aunque admite que la empresa "no se ha pronunciado" y es "prematuro" extraer conclusiones, "se sobreentiende que se va a estudiar la situación de las familias". En las cartas elevadas a Vílchez, de cualquier modo, el colectivo proponía un "estudio riguroso de ingresos" al objeto de que las rentas de alquiler sean rebajadas a una cuantía que "no supere el 30 por ciento de ingresos" de cada unidad familiar.