La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, se dirigirá por escrito a las entidades financieras que operan en Andalucía para pedirles que durante los cinco meses que dura la suspensión cautelar del decreto-ley sobre la función social de la vivienda, —tras el recurso del Gobierno central al Tribunal Constitucional (TC)—, dejen de ejecutar desalojos de familias en riesgo de exclusión social.

Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Como se recordará el decreto-ley sobre función social de la vivienda, que se tramita como proyecto de ley en el Parlamento, recoge la expropiación temporal del uso de la vivienda durante tres años en casos de familias con riesgo de exclusión social.

Vázquez ha asegurado que con esta iniciativa política el Gobierno de Andalucía busca dar respuesta a la situación de "indefensión y angustia" en la que han quedado las familias que se habían acogido a este decreto y las otras muchas que también se podían adherir al mismo porque se encuentran en riesgo real de exclusión social.

"El texto es perfectamente constitucional y respetuoso con la doctrina que recoge el Tribunal Constitucional sobre la función social de la vivienda", ha afirmado Vázquez, quien ha apuntado que en estos momentos se están redactando las alegaciones por parte de la Consejería para plantear el levantamiento de la suspensión cautelar.

En su opinión, "cuando se expulsa a una familia de su domicilio se le está produciendo un daño que es irreparable". "Este Gobierno de progreso no renuncia a una medida que se considera de justicia social", ha afirmado Vázquez, quien ha recordado que el Parlamento está tramitando este decreto como proyecto de ley, que se aprobará en torno a septiembre.

"Y una vez que lo apruebe los hombres y mujeres de Andalucía contarán con un nuevo instrumento para seguir combatiendo contra este drama", ha destacado el portavoz, para quien no tiene sentido que el Gobierno central haya recurrido este decreto cuando el PP-A no votó en contra de su aprobación y está participando en su tramitación como proyecto de ley.