Francisco Javier Castro, un policía municipal desplazado la noche de la tragedia del Madrid Arena para controlar el botellón, ha reconocido este viernes ante el juez que investiga el caso que el dispositivo desplegado con motivo de la fiesta se preparó sobre la marcha y que había una falta evidente de efectivos.

Ante el titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, el agente ha comparecido en calidad de testigo durante más de dos horas en las que ha dejado claro que él no formaba parte del despliegue policial diseñado por la celebración de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena.

Según ha trasmitido a los medios de comunicación Abdón Núñez, defensor de la familia de Belén Langdon, una de las cinco jóvenes fallecidas, el policía municipal ha explicado al juez que llegó a la comisaría del distrito de Moncloa-Aravaca, de la que es cabo jefe del turno de noche, a las 22:30 horas.

El agente, ha añadido Núñez, ha señalado que su misión se centraba esa noche en controlar el botellón en el recinto de la Casa de Campo, donde se encuentra el Arena, y ha admitido que el dispositivo policial en torno a la fiesta, que estuvo integrado finalmente por doce efectivos, "no estaba preparado en ese momento".

Para el abogado, con el testimonio del agente ha acreditado que "el nivel de seguridad medio siempre se mantuvo" y que sólo intervinieron en el operativo del Arena  "doce oficiales".

Por su parte, Luis Rodríguez Ramos, abogado del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que el policía ha explicado al magistrado que "sólo cumplía órdenes", lo que, según el abogado, implica de responsabilidad a la jefa de la unidad de Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez.

Tras la comparecencia del agente, estaba citada a declarar, también en calidad de testigo, Sandra R., una de las jóvenes heridas en la avalancha y que finalmente no ha acudido al encontrarse enferma.

Los abogados de la acusación particular también han confirmado que el próximo lunes se procederá a un nuevo recuento de las entradas de la fiesta para identificar el importe y el número grabado en las mismas, con el fin de determinar si se produjeron duplicidades o falsificaciones.

Las partes ya procedieron el pasado noviembre al recuento en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La diligencia concluyó que contenían un total de 16.781 entradas vendidas, un 58% más del aforo permitido.

De esta forma, los 16.781 tickets recontados superaba con creces el aforo permitido de 10.600 asistentes en dicho recinto y las 9.650 entradas que Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt, la empresa encargada de la fiesta, aseguró haber vendido en sedes policial y judicial. Flores manifestó también que se emitieron 17.500 entradas y que se podrían haber colado cerca de 4.000 personas que provenían del botellón que se celebró en las afueras del recinto.

Sobre el nuevo recuento, que tendrá lugar en el Juzgado, el abogado ha señalado que se quiere "identificar el importe de las entradas, ya que hay variaciones, con la finalidad de realizar una estimación de lo recaudado. Además, se quiere comprobar si había entradas falsificadas y duplicadas a través de la numeración.

Además, el letrado ha discrepado de los resultados del informe de la Policía Científica sobre el aforo que apunta que se vendieron 4.800 entradas menos de las recontadas por el juez.