El recibo medio de la electricidad subirá 2,5 euros al mes para los hogares tras el encarecimiento del 3,2% anunciado este viernes por el ministro de Industria, José Manuel Soria, con lo que alcanzará los 75,72 euros, según cálculos de Facua-Consumidores en Acción.

La subida anunciada por Soria se produce después de que en julio la Tarifa de Último Recurso (TUR) registrase una subida del 1,2%, o de 96 céntimos de media. Tras la medida, la TUR habrá subido un 8% desde enero de 2012.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, pronosticó que la nueva subida "no va a solucionar el problema" y criticó además el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, que sustituirá a la TUR. El nombre "es una tomadura de pelo" y la nueva tarifa "perjudica al consumidor porque las eléctricas siguen pudiendo fijar al 80% los precios", señaló.

"No se puede permitir que nos vayamos a un mercado absolutamente libre en el peor sentido, en el que haya una libertad total del oligopolio", señaló, antes de mostrarse partidario de una tarifa regulada que mantenga los actuales umbrales de protección y que evite "las subidas tan habituales" fruto de las subastas.

Facua dice que los consumidores "no crearon" el déficit de tarifa y se muestra partidario de una auditoría de costes del sistema eléctrico, iniciativa que ha sido rechazada recientemente por el Congreso.

Las empresas de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) han expresado su "total desacuerdo" con las medidas adoptadas en la reforma energética, que, advierten, "les obligan a una drástica reducción de empleo y a replantearse sus inversiones en España".

La patronal calcula que sobre las empresas de Unesa recaen 1.000 millones de euros del "esfuerzo adicional" de unos 2.700 millones de euros que las medidas anunciadas este viernes suponen para el sector eléctrico en su conjunto.

Frente al "sacrificio que se exige a las eléctricas", Unesa considera "absolutamente ineficiente" la aportación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la resolución del déficit, al considerar que "ni siquiera se hace cargo de las partidas que estaría obligada a afrontar por ley".

Del lado de las empresas, la patronal estima que el conjunto de medidas para gestionar el déficit de tarifa aprobado hasta ahora por los diferentes gobiernos supone un recorte de ingresos para el sector eléctrico del entorno de los 5.700 millones de euros en este ejercicio 2013.

De esta suma, 3.600 millones de euros corresponden a sus actividades tradicionales, esto es, de generación en régimen ordinario, generación en sistemas insulares y extrapeninsulares, transporte y distribución.

"Las medidas anunciadas por la Administración agravan aún más la situación económico-financiera de las empresas de Unesa, al seguir mermando las retribuciones de todas sus actividades y al obligarlas a seguir financiando déficits relevantes durante 2013", indica la asociación.

"Ningún Gobierno ha estado dispuesto a admitir que la parte más importante de los sobrecostes del sector, la que asumen las empresas de Unesa, procede de decisiones políticas energéticas y sociales totalmente ajenas al coste del suministro eléctrico", indica Unesa en un comunicado. "El coste de estas decisiones políticas supone prácticamente la totalidad del déficit de tarifa", añade.

Por todo ello, Unesa concluye que estos "recortes y la inseguridad regulatoria que generan obligarán a las compañías de la asociación a una drástica reducción del empleo y a replantearse sus inversiones en España".

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que los "errores" que han cometido en los últimos años las compañías eléctricas tendrán que pagarlos los consumidores, que sufrirán una nueva subida de la luz tras la entrada en vigor de la reforma energética.

"Los errores cometidos por el sector eléctrico tendrán que ser pagados por los consumidores. Las facturas de todos los españoles subirán para costear los aproximadamente 4.000 millones a los que se estima que asciende el déficit. El oligopolio que domina el sector sobrevivirá a esta reforma", ha afirmado la OCU en un comunicado.

Según ha destacado la organización, la reforma "ningunea" a los consumidores, ya que "no se ha consultado a las asociaciones que ofrecen propuestas concretas". "Se ve que para todo lo que no sea pagar y votar, el consumidor no cuenta para este Gobierno", ha añadido.

También se queja de que el Gobierno "no ha querido entrar en el debate de cómo se están remunerando tecnologías como la nuclear o la hidráulica" y señala que serán los consumidores y las eléctricas —que trasladarán su parte al consumidor— quienes paguen el déficit de 4.000 millones de euros del sector. "No se sabe cuánto pagará el Gobierno, pero seguramente muy poco", ha sentenciado.