El Gobierno sigue adelante con el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz antidesahucios, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y tras el informe del Consejo de Estado que ve "fundamentos jurídicos" para ello, según han explicado a Europa Press fuentes gubernamentales.

De este modo, el proceso continúa y se espera que el recurso sea formalizado en los próximos días, sin que sea necesario que el Consejo de Ministros vuelva a abordar el dictamen elaborado por el Consejo de Estado. El Gobierno no se ha pronunciado sobre la Comisión Bilateral que la Junta de Andalucía ha solicitado para evitar el proceso judicial.

El dictamen, aprobado este jueves por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, considera que "no parece constitucionalmente admisible que una comunidad pueda, en ejercicio de una competencia sectorial, determinar el concreto alcance del derecho de propiedad de vivienda", según han trasladado a Europa Press las mismas fuentes.

Además, mantiene que la regulación prevista en el decreto ley andaluz "puede incidir en la normal operatividad de las normas estatales que disciplinan la ejecución de los créditos hipotecarios y perturbar con ello el sistema de ejecución hipotecaria, sin que exista base competencial que dé sustento".

En sus razonamientos, el Consejo de Estado determina que "no es conforme" con la Constitución la "imposición" por parte de Andalucía de un deber a los propietarios de viviendas, definido como parte del contenido esencial de su derecho de propiedad "por más que tal deber se configure como manifestación de la función social que delimita el contenido del derecho a la propiedad".

Del mismo modo, considera que con su normativa el Gobierno andaluz innova el contenido esencial del derecho de propiedad de las viviendas situadas en el territorio de Andalucía pero "no cabe admitir que pueda definir en abstracto y por sí sola el alcance de un derecho de naturaleza civil invocando para ello una competencia sectorial.

Cabe recordar que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta ha informado públicamente de que ha solicitado al Gobierno central la convocatoria de una Comisión Bilateral para analizar los conflictos de competencias que ha esgrimido el Ejecutivo y plantear medidas para su resolución en el ámbito de la cooperación entre administraciones y no en el marco judicial.