Una mujer divorciada y con dos niños menores a su cargo y sin ningún ingreso y una familia numerosa de origen marroquí con cuatro hijos y los dos progenitores en situación de desempleo, son los nuevos beneficiarios en la provincia del Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía. Los primeros desde el anuncio del Gobierno central de su intención de interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre esta medida.

En ambas viviendas, situada una de ellas en la capital, en la calle Ingeniero de la Torre Acosta y la otra en el municipio malagueño de Torremolinos en la calle Río Trueba, había sendas órdenes de desahucios.

En el caso de la vivienda situada en Torremolinos, perteneciente a la familia marroquí, la orden de desahucio estaba prevista para el pasado mes de junio, pero según ha explicado a Europa Press el abogado de los propietarios, José Antonio Alarcón, lograron pararlo "alegando cláusulas abusivas".

Según ha explicado el propietario de la vivienda, Omar Abattouy, quien llegó a Torremolinos en 1994 procedente de Marruecos, tras pasar unos 20 años trabajando en la construcción en la provincia, hace cuatro se quedó en paro, y dejó de pagar la hipoteca. "Cuando normalicé mi situación en España y conseguí trabajo decidí comprarme la casa, en ese momento tenía dinero y ganaba casi 2.000 euros al mes, yo pensaba que iba a ser toda la vida así", ha señalado a Europa Press.

"Cuando yo tenía dinero, podía pagar la hipoteca pero ahora que no tengo ni para darle de comer a los niños cómo la voy a pagar", ha lamentado Abattouy, cuya esposa también se encuentra en situación de desempleo, y tienen a su cargo cuatro hijos menores, con edades comprendidas entre los siete y los 16 años.

Abattouy, quien se ha mostrado contento por poder permanecer en su casa, ha señalado que aprovechará este tiempo para buscar trabajo y tratar de conseguir dinero para poder pagar la hipoteca. Según ha explicado su abogado, el propietario no conoce la intención del Gobierno central de recurrir este decreto, ya que "lo único que pretendíamos era parar el desahucio como fuera, porque no tienen dinero, ni ayudas, ni nada y dejarlos en la calle con cuatro hijos sería llevarlos a la ruina total", ha apostillado.

"Yo, como abogado de oficio, lo que he intentado es alargar el proceso el máximo tiempo posible, para que él mientras tanto pudiera encontrar trabajo y tratar de rehacer su vida", ha señalado Alarcón.

Abattouy, que actualmente no recibe ningún ingreso, ha manifestado que ahora viven de la ayuda que les prestan familiares y amigos "y del dinero que yo gano vendiendo artículos de segunda mano en los mercadillos".

En cuanto a la intención del Gobierno central de recurrir este decreto, el delegado territorial de Fomento y Vivienda en la provincia de Málaga, Manuel García Peláez, ha manifestado a Europa Press que "esto va en contra del derecho de los ciudadanos, y responde a los intereses de los bancos".

Así, ha precisado que el decreto es "plenamente constitucional", ya que, ha continuado "el derecho a una vivienda digna viene recogido en la Constitución Española". El delegado ha recordado que la Junta de Andalucía ha convocado una reunión con el Gobierno Central para estudiar el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda y "tratar de evitar el recurso".