El exgerente del Hospital de Sant Pau Jordi Colomer ha asegurado al juez que la gestión de la contratación de las obras del nuevo hospital era un "caos" cuando llegó al cargo en abril de 2005, y acumulaba un sobrecoste de unos 70 millones de euros por encima de lo que estaba planificado.

Así lo ha explicado a los medios el abogado de la acusación, Vicente López, después de la ronda de interrogatorios a imputados llevados a cabo por el titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona este miércoles, dentro de la investigación del presunto desfalco de unos 38,5 millones de euros en la contratación de las obras.

En su declaración como imputado y a preguntas de la defensa de la fundación que gestiona el patrimonio del hospital (Mia) y que representa el abogado Josep Maria Fuster Fabra, Colomer —que permaneció en el cargo hasta 2008— ha aclarado que se encontró con un desorden en la gestión de las contrataciones, pero no percibió ninguna ilegalidad.

En cualquier caso, dos años después importó la forma de contratación que tenía el Hospital Vall d'Hebron —de donde venía—, que es un sistema público, dejando atrás la forma de trabajar de los responsables anteriores.

Este sobrecoste de 70 millones de euros la defensa lo justifica en la ampliación de los metros cuadrados del edificio —que pasa de unos 80.000 en el proyecto inicial a 113.000— y de los cambios en los equipos tecnológicos.

El abogado de la acusación ha valorado ante los medios que en esta ronda de interrogatorios ha quedado claro que no se hizo ninguna licitación pública para la contratación de las obras en su segunda y tercera fase, ni para los contratos complementarios de ninguna de las cuatro fases de construcción del nuevo hospital.

Por su parte, Fuster Fabra ha considerado que en el momento en que se hicieron los contratos la fundación se regía por el derecho privado y no por el público, con lo que no hizo falta la licitación pública y "era un sistema perfectamente legal"; para él también ha quedado acreditado que no se pagó nada que no se correspondiese con obras reales y que se llevaron a cabo.

Este miércoles también ha declarado el exteniente de alcalde y exconcejal de Urbanismo de Barcelona Xavier Casas, quien ha asegurado que no sabe nada del sobrecoste del edificio pues formó parte de Mia "hasta 2003", por lo que desconoce qué sucedió en años posteriores.

También estaban citados a declarar como imputados este miércoles el gerente de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Jordi Bachs, y los religiosos Joan Enric Jarque y Josep Antoni Arenas, quienes han asegurado que no sabían nada de la forma de contratación.

Los interrogatorios al también imputado expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat y al exgerente del hospital Josep Antoni Grau, previstos para este miércoles, se han aplazado y se harán el 24 de julio.

El juez pretende esclarecer el método de contratación de obras del nuevo edificio del Hospital Sant Pau, que empezaron en 2000, quién las dirigió y quién las ejecutó, para lo que ha decidido "escuchar a las personas que intervinieron", según explicó en el auto.

El auto se basa en un informe de la Sindicatura de Cuentas que desveló supuestas irregularidades en la contratación de las obras de reforma del hospital que costaron más de 217 millones de euros, de los que presuntamente se han desviado unos 38,5.