La institución del Justicia de Aragón ha tramitado en el primer semestre de 2013 un total de 1.347 quejas, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, de las que 719 han sido realizadas de forma presencial, lo que significa un aumento del 25 por ciento, optando por esta modalidad especialmente las referidas a asuntos sociales, vivienda y sanidad.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, que ha precisado que el 67 por ciento de las quejas referidas a materias de asuntos sociales han sido presentadas presencialmente (277), el 61 por ciento en el caso de la vivienda y el 42 en sanidad (83 quejas).

García Vicente ha comentado que si bien en los últimos diez años las quejas presentadas por internet ha aumentado el 28 por ciento, siguen siendo más las presenciales, que, en 2012, supusieron el 65 por ciento del total.

En este sentido, ha indicado que esta última vía es más habitual por el contacto personal, la posibilidad de obtener una solución inmediata, la falta de medios informáticos en el domicilio o el desconocimiento de cómo se usan, esto, principalmente, en el caso de personas mayores.

Según ha apuntado, los ciudadanos se sienten "mejor atendidos" cuando acuden en persona. Este es uno de los motivos que ha esgrimido para defender la continuidad de esta institución, después de que el Gobierno central planteara la supresión de los defensores del pueblo autonómicos, figura similar a la del Justicia, dentro de las medidas para aligerar las Administraciones, si bien la decisión es competencia de las Comunidades autónomas.

García Vicente ha subrayado que el Justicia tiene "un peso histórico innegable", de mil años, al tiempo que "es una institución moderna", que favorece la resolución de los conflictos por la mediación, es "eficaz" y aporta "proximidad".

Apoyo de los políticos

El Justicia de Aragón ha descartado "a fecha de hoy" que la Comunidad autónoma elimine esta figura puesto que todos los partidos políticos del Parlamento aragonés la han defendido. Por otra parte, ha señalado que es una de las instituciones de este tipo que tiene un presupuesto más bajo, de 2.040.183 euros anuales.

En esta línea, ha argumentado que la mediación es "más barata", tanto para el ciudadano como para las Administraciones, que se evitan así pleitos.

Asimismo, ha manifestado que "los resultados nos avalan" ya que más del 60 por ciento de las quejas que se tramitan se resuelven por la mediación o la sugerencia —608 de las 1.347 en este primer semestre de 2013— y en los casos en los que los interesados acuden a la vía judicial, los tribunales han confirmado las tesis formuladas previamente por la Institución del Justiciazgo.

García Vicente ha agregado que, por su parte, el Defensor del Pueblo de España, quien en caso de desaparecer el Justiciazgo asumiría su función, recibió 222 asuntos de Aragón en 2012, de los que dio por solucionados 25, aunque solo uno mediante sugerencia. A su entender, "proximidad" supone "mayor calidad".

Al respecto, ha dicho que en el primer semestre del año ha estado en ocho comarcas, donde ha recogido 50 quejas, el 74 por ciento de las que se recibieron de esas mismas entidades en 2012. En las comarcas, se ha reunido o visitado once asociaciones, centros ocupacionales, residencias y colegios. Desde que se puso en marcha esta iniciativa, a finales de 2010 el Justicia ha visitado 30 comarcas y a 330 personas.

Por su parte, los asesores del Justiciazgo han visitado ocho residencias de mayores y centros de día y tres establecimientos relacionados con menores y atención a la mujer. Además, García Vicente ha recibido personalmente en su sede a diez colegios y 302 escolares y ha dado conferencias y visitado 15 colegios y asociaciones.

Quejas colectivas

El Justicia de Aragón se ha referido a la forma de contabilizar las quejas y ha sostenido que utilizan el sistema de "un asunto, una queja", de forma que, por ejemplo, la presentada por 837 personas contra la prueba en sexto de Primaria en Teruel se ha computado como una única, lo mismo que ha ocurrido con otras.

De esta forma, en este primer semestre del año, si se hubieran considerado a todas las personas que se han dirigido a la institución como otras tantas quejas, en total se habría recibido 3.292, un 244 por ciento más de las 1.347 registradas, a lo que habría que añadir las presentadas por asociaciones, partidos políticos, sindicatos, colectivos vecinales u otros colectivos.

García Vicente ha precisado que, en lo que va de año, 115 colectivos han formulado una queja ante el Justicia y ha argumentado que otros defensores autonómicos contabilizan las quejas por el segundo procedimiento.

Tutela del derecho foral

El Justicia de Aragón ha expuesto que posee una competencia que no tienen otros defensores del pueblo autonómicos, la tutela del Derecho Foral, que le ha llevado a publicar desde 1998 un total de 157 libros y este año los Manuales de Derecho Público y Derecho Privado aragonés para la Universidad de Zaragoza y una investigación de la Universidad de Bolonia sobre su figura.

Asimismo, desde hace 22 años se organiza el Foro de Derecho Aragonés. Por lo que respecta a la defensa de la correcta aplicación del Estatuto de Autonomía, entre otras cosas, ha sugerido al Ejecutivo aragonés plantear la reforma de la Ley de Tasas Judiciales para que no resulte perjudicado el recurso de casación foral aragonés por las "tasas excesivas".

Cámara de cuentas

García Vicente ha apoyado a los políticos porque "hacen falta" y ha esgrimido que "muchos hacen esfuerzos que nadie les reconoce", si bien también hay que exigirles "responsabilidad" y, en esta línea, ha apostado por "solucionar desde dentro del sistema" los problemas de corrupción.

El Justicia ha considerado que "han fallado los instrumentos de control", entre otras cosas, porque, en ocasiones, los interventores municipales son personal interino y también porque el Tribunal de Cuentas avanza "despacio" en su trabajo fiscalizador.

Por eso, García Vicente ha calificado de "llamativo" que haya quienes "pretendan quitar los instrumentos de control". Así, el plan del Ejecutivo central para aligerar las Administraciones no solo incluye la supresión de los defensores del pueblo autonómicos, sino de los tribunales de Cuentas regionales, de los que Aragón posee uno.

Por otra parte, se ha referido a los 'escraches' a políticos y ha enfatizado que si bien todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, "a coaccionar no se tiene derecho" y es lo que están diciendo los tribunales, ha apostillado.