El juez que investiga el caso Macedonia ha rechazado archivar la causa contra el subinspector jefe de la unidad anticorrupción de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos d'Esquadra, Antoni Salleras, y su equipo, porque "quedan pruebas que practicar" antes de descartar que ocultasen pruebas y encubrieran a una banda de narcotraficantes.

"Este magistrado tiene pendiente escuchar durante el mes de agosto una serie de conversaciones" sobre el caso, ha respondido en un auto al que ha tenido acceso Europa Press el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, a la petición de retirar la imputación presentada por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, también responsable del caso de espionaje político.

El fiscal cree que "no hay indicios racionales" de que los mossos imputados —Salleras, dos sargentos, dos cabos y un agente— ocultaran al juez escuchas telefónicas para proteger a la cúpula de un grupo de narcotraficantes, entre los que está un confidente clave en la investigación de la trama de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga.

Los miembros de esta unidad de investigación adscrita fueron imputados el 3 de mayo de 2011 por presunta omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento, ocultación de documentos a la autoridad judicial e infidelidad en la custodia de documento público y falsedad de documento público, al creer el juez que no le trasladaron todas las grabaciones y trascripciones del caso.

El fiscal, una vez comparados el original de estas escuchas y las copias que se enviaban periódicamente al juez, sostuvo que solamente faltan escuchas entre las 00.00 horas del 25 de septiembre de 2009 y las 19.45 horas del día 26, después de que dos cuerpos distintos —Mossos y Policía Nacional— hayan hecho varios informes independientes y llegado a la misma conclusión.

Sin embargo, el juez explica en este último auto que ha encontrado cinco conversaciones sobre tráfico de estupefacientes entre dos supuestos narcotraficantes, de los que uno no fue identificado nunca por la Unidad Adscrita ni le comunicaron al magistrado su existencia.

Todo ello ocurrió pese a que la Unidad Adscrita creó en 2009 un objetivo con el nombre de uno de los supuestos narcos, y el juez cree que si lo hizo así es "porque sabía de la existencia y le consideraba relevante", pero no se lo comunicaron ni le pidieron intervenir ningún teléfono. Es por eso que el magistrado "tiene pendiente escuchar durante el mes de agosto una serie de conversaciones para confirmar los indicios anteriores".

Las sospechas del juez de que la unidad policial le había ocultado pruebas le llevaron, junto con la Policía Nacional, a irrumpir en el Complejo Central de los Mossos en Sabadell (Barcelona) para hacer él mismo una copia del master original el 16 de julio de 2012.

El fiscal hizo la petición de archivo en febrero y, ante la demora del juez en pronunciarse, reclamó tres veces más —en marzo, abril y junio— la resolución judicial "a la mayor brevedad posible" y otorgándole la máxima prioridad.

En el último escrito del fiscal al que ha tenido acceso Europa Press —del 25 de junio—, Sánchez Ulled critica que esta demora y considera que el caso "merece atención prioritaria dada la repercusión de la imputación en el trabajo del cuerpo policial y en otras investigaciones y procedimientos"; la resolución judicial ha llegado seis días después de esta última petición.