El Gobierno, las comunidades autónomas y la patronal de los astilleros han acordado defender de forma conjunta el sector naval ante la posibilidad de que la Comisión Europea decida la devolución de las ayudas fiscales recibidas entre 2005 y 2011, un pacto al que han pedido sumarse los sindicatos.

La difícil situación que atraviesa el sector naval estalló la semana pasada después de que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, anunciara que va a proponer a la Comisión Europea (CE) que España devuelva las ayudas fiscales a la financiación de la construcción naval ("tax-lease"), que ascienden a unos 2.000 millones de euros.

Esta decisión, que se adoptará el próximo 17 de julio, ha provocado el rechazo del Gobierno, los partidos de la oposición, los Ejecutivos autonómicos, los astilleros y los sindicatos, que aseguran que la devolución de los incentivos supondrá el cierre de todas las empresas y la desaparición de 87.000 empleos. Para evitarlo, el Ejecutivo central, los gobiernos de Asturias, País Vasco, Galicia y la patronal de los astilleros privados Pymar han firmado hoy una declaración institucional por la que instan de forma conjunta a las autoridades europeas a "reconsiderar" su posición.

El acuerdo, alcanzado tras algo más de una hora de reunión, ha sido presentado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien ha defendido que esta "pretensión que no era ni es gratuita, sino que tiene sólidos fundamentos jurídicos".

Ha considerado que la devolución de las ayudas tendría un efecto "irreversible e irreparable" sobre la industria de construcción naval española, lo que iría "justo en la dirección opuesta" de los objetivos de reindustrialización europeos. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha denunciado que "los astilleros han tenido que vivir en la inseguridad jurídica" durante dos años, desde la apertura del expediente, lo que ya ha afectado de forma notable a su actividad.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado la "incoherencia" europea de defender el empleo mientras se pone en riesgo un sector que "afecta a 87.000 familias", al tiempo que ha subrayado que "el dinero que está pidiendo no es el dinero de Europa", sino una bonificación fiscal.