El trasvase desde el río Grande no se hará hasta tener consenso

A. B.NOTICIA27.12.2006 - 02:13h
La coordinadora contra la presa ve con recelo la invitación al diálogo de la Junta y propone otros suministros para la capital.
La mano tendida que ayer mostró la Junta para resolver la polémica por el trasvase en río Grande ha sido recibida como una «estrategia para dividir» entre quienes se oponen a esta medida en la comarca del Valle del Guadalhorce.La administración autonómica ha anunciado que no hará las obras del trasvase a la capital si no llega a un acuerdo con los regantes de río Grande. El proyecto consiste en levantar un azud (presa pequeña) que capte los «excedentes invernales» de este cauce entre octubre y abril. Este caudal –de 20 hectómetros cúbicos de agua– se transportaría a la capital, según la Cuenca Mediterránea Andaluza (el órgano de la Junta que gestiona los recursos hídricos).

«Se ha dado una imagen distorsionada del proyecto», afirmó ayer el director de la Cuenca, Antonio Rodríguez Leal. «Los municipios piensan que es inaceptable».

Contra el trasvase

«Nada que negociar»: Un portavoz de la Coordinadora en Defensa de río Grande, Francisco Lozano, se mostró ayer rotundo: «Si la Junta quiere convencernos, no hay nada que negociar».

Daño ecológico: Algunos tramos del río Grande se quedan secos de mayo a octubre. «Ya hay muchas extracciones y la presa no será inocua», asegura Lozano.

Alternativas: Lozano enumera varias para abastecer a la capital que quintuplicarían el agua que se pretende sacar del río Grande (desalar los pozos salinos del embalse del Guadalhorce o la presa de Casasola).'

Obvian un enclave protegido

«El informe de impacto ambiental pasa de puntillas sobre las consecuencias del trasvase en una zona declarada recientemente como Lugar de Interés Comunitario, donde hay 160 especies de aves, entre los ríos Fahala y Pereila». Éste es uno de los motivos por los que Lozano se opone al azud de río Grande. ¿Por qué la obra tiene la autorización ambiental que marca la ley?, preguntamos. «Por la connivencia entre instituciones. El Gobierno ha dado el visto bueno a la Junta, pero aquí debería haber intervenido un organismo independiente», responde.

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