El director xeral de Política Financieira, Manuel Galdo, ha defendido que la Xunta buscó "lo mejor para Galicia", así como cumplir con el mandato parlamentario de mantener una entidad enraizada en la comunidad, al apostar por la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, y ha señalado que son los cambios normativos impulsados por el Gobierno del PSOE los que impiden "que se consolide" el proyecto.

"El primer elemento que torpedea y hunde el proyecto corporativo es el real decreto de febrero de 2011 (que elevó las exigencias de core capital para las entidades)", ha aseverado Galdo en la comisión de investigación de las cajas, donde ha ratificado que "tampoco ayudó" la situación macroeconómica. De hecho, ha alegado que, hasta la aprobación de este decreto, la entidad había cumplido "los parámetros" del plan de negocio, "algunos anticipadamente".

En su intervención inicial, ha repasado la evolución de las dos cajas, su expansión foránea y sus "importantes problemas de liquidez" en 2009 por su dependencia de mercados mayoristas. "Había una imposibilidad de seguir en solitario. El Banco de España nos comunicó la imposibilidad de liderar operaciones con entidades foráneas. Teníamos que decidir si seguíamos mirando para otro lado y ya se encargaba de actuar el Banco de España", ha justificado.

Al margen del decreto de recapitalización, que ha criticado con dureza, Galdo ha incidido en que para responder sobre el "desplome" de Novacaixagalicia de la fusión también habría que "acordarse" de la "excesiva expansión" de las entidades de origen, sobre todo en 2006 y 2007. Asimismo, ha aludido al factor del riesgo inmobiliario.

"Si estuviéramos en una conversación más informal probablemente recurriría a la frase de que la copa que nos hace mal es la última que tomamos... El problema viene por los 17.000 millones de riesgo inmobiliario que tenían en 2009 las dos entidades, de los que 13.600 fueron formalizados en los últimos cuatro años", ha reflexionado, antes de reafirmarse en que la fusión no fue "un capricho", sino "una necesidad" y la "menos mala" de las opciones.

Sobre la posible existencia de un plan para la desaparición de las cajas, el responsable de la Xunta en materia financiera ha asegurado "no saber" si había "un diseño para acabar" con ellas. Eso sí, ha reconocido que tiene "claro" que eran "un bocado apetecible", puesto que aglutinaban "la mitad del sistema financiero español" y también que el decreto de recapitalización "acabó con ellas".

Entre reproches de la oposición que se ha preguntado por qué, si el PP rechazaba esta medida, "no votó en contra", Galdo se ha reafirmado en que no fue un real decreto "acertado" puesto que generó "restricción crediticia" y, además, "discriminaba" entre cajas y bancos con diferentes exigencias de capital. En este escenario, ha concluido que su "único sentido" era "que las cajas se bancarizaran".

Encargo del informe de kpmg

Asimismo, para llegar a la decisión de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, ha insistido en que se estudiaron varios análisis realizados por las entidades. También ha justificado que se encargó la 'due diligence' a KPMG porque ninguna de las dos cajas tenía los datos de la otra y que se optó por esta auditoria, "con el ok" del Banco de España, porque no estaba "involucrada" con ninguna entidad, así como por su "experiencia y mayor dimensión".

"En una reunión en diciembre de 2009 en la Consellería de Facenda los dos directores generales de las cajas acuerdan contratar una 'due diligence' con KPMG", ha señalado, para añadir que, posteriormente, las "diferencias internas en una de las entidades" motivaron "que la Xunta tuviera que asumir este encargo". Sus resultados fueron "contrastados", ha agregado, tanto con las entidades como con el Banco de España "en cuanto a hipótesis y proyecciones".

Lo que ha matizado es que la "conclusión" no fue entregada a ninguna de las entidades, para añadir que si algún directivo "dijo lo contrario" debe "equivocarse". "Se contrastaron hipótesis y proyecciones, más allá no sé si hubo consultas telefónicas de datos", ha esgrimido, para insistir en que la 'due diligence' fue encargada "inicialmente por las dos cajas de ahorro".

Tras la unión de las cajas y ante las necesidades de capital de la entidad fusionada, ha recordado que se llegó a plantear la posibilidad de acceder a un Esquema de Protección de Activos compartido con el Estado, un planteamiento que él mismo expuso al Gobierno, con la entonces conselleira de Facenda y ahora secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás (que este viernes estaba llamada a comparecer, aunque no fue acudió y lo hará por escrito), y que fue "rechazado sin mayores explicaciones".

"Ahora se trabaja para que, por lo menos, continúe un banco en Galicia", ha remarcado, para añadir que, en lo que respecta a los afectados por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, le consta que hay "40.000 peticiones de arbitraje aceptadas". "Faltan 30.000 y habrá que ver cómo se consigue que esa gente recupere el dinero", ha señalado.

"¿

Por qué el pp no votó en contra?"

Si el responsable de Política Financieira de la Xunta ha recurrido a los cambios normativos como principal hecho que impidió "que se consolidase" el proyecto de una caja gallega fusionada, los grupos de la oposición, a través de sus portavoces, se han preguntado por qué entonces "no votó en contra", mientras que el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha recordado que la postura popular fue "la abstención".

"El BNG estaba en contra y votó en contra", ha esgrimido el portavoz parlamentario del de esa formación, Francisco Jorquera, quien también ha criticado con dureza que la Xunta se limite a "echar balones fuera" hacia el Banco de España —aunque ha constatado que su papel en todo lo ocurrido fue "deplorable"— en cuestiones como las indemnizaciones sin asumir "ninguna responsabilidad".

Su homólogo en AGE, Xosé Manuel Beiras, ha recurrido a la misma línea argumental y se ha preguntado por qué los populares "no votaron en contra" del decreto o lo "tumbaron" una vez que Mariano Rajoy ganó las elecciones y accedió al Gobierno central. Asimismo, ha lanzado duras acusaciones hacia el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que ha calificado como "un delincuente" que "traicionó al Estado" y que debía "estar en el trullo".

Por su parte, la socialista Carmen Gallego ha echado en cara a la Xunta que, cuando Alberto Núñez Feijóo entró en San Caetano, Galicia tenía dos cajas y ahora "no hay cajas, las familias y pymes están sin crédito y hay más de 70.000 atrapados por la estafa de las preferentes". "Algo tendrá que ver el empeño político de Feijóo en una fusión que se justificó con información sesgada, cuando no falsa", ha reflexionado.

Por último, Pedro Puy ha valorado el trabajo hecho por la Xunta, ha coincidido con Galdo en que los cambios normativos supusieron el "certificado de defunción" para la caja gallega fusionada y ha reivindicado el trabajo hecho en Galicia, donde "se han hecho cosas que no concretaron otras comunidades". "A nivel personal me siento orgulloso en el sentido del deber cumplido", ha zanjado.