La delegación de Fitag-UGT en Huelva ha pedido ayuda y auxilio a las distintas administraciones para el centenar de temporeros de nacionalidad búlgara que se encuentran sin salir de una finca en Cartaya ante la falta de pago por parte de la empresa de unos 250.000 euros, una empresa cuyo dueño ha sido imputado por un delito contra el derecho de los trabajadores.

En un comunicado, desde la Fitag, que celebró este lunes una asamblea con los trabajadores, han manifestado que "no se puede responder ante esta situación con la indiferencia y la aplicación del manual de ayuda social normal", ya que se trata de "una verdadera emergencia social y las administraciones deben responder con prontitud para aplicar medidas de apoyo social rápido".

"Estas 120 personas están abandonadas a su suerte y en el desamparo más absoluto, son extranjeros sin conocer el idioma, sin dinero, sin comida, sin agua, sin luz, con niños enfermos de gastroenteritis, con desnutrición y con alto riesgo de fiebres tifoideas", enfatizan desde el sindicato, y aseguran que es "dramático el cuadro" con el que se han encontrado en la visita que han realizado miembros de la Fitag para manifestar su apoyo y buscar alternativas a la situación.

Desde el sindicato critican "las malas prácticas de este empresario" y han pedido a la Inspección de Trabajo que compruebe y certifique "la falta de pago de los salarios de este año; la falta de cotización de las peonadas realmente efectuadas; la falta de pago de una parte de los salarios de la anterior campaña, que se tomó como prenda para garantizarse que los trabajadores volverían esta campaña y la falta de condiciones higiénicas de los alojamientos".

Por todo ello, piden "el mayor rigor" en la aplicación de la ley y se levanten las actas de infracción que sean necesarias, sancionando al empresario en sus límites máximos.