El arquitecto que trabajó para la segunda empresa mejor valorada en el concurso de Can Domenge, la inmobiliaria Vertix, ha manifestado en su declaración como testigo que no es habitual que la Administración facilite los pliegos de condiciones antes de que éstos sean publicados oficialmente, en contra de lo que presuntamente sucedió en este proceso de adjudicación de los terrenos palmesanos.

En su comparecencia ante el tribunal que juzga a los seis acusados del caso Can Domenge, entre quienes se encuentra la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el arquitecto Vicente Tomás ha manifestado que fue cuando se publicó el concurso cuando empezó a trabajar en el proyecto para concurrir al proceso, puesto que hasta entonces "no conocíamos las bases".

"Lo único que teníamos era el rumor de que los terrenos iban a salir al mercado", ha apuntado el testigo, insistiendo en que hasta que las bases no salieron a la luz "no nos pusimos a trabajar en ello". En esta línea, ha considerado que el plazo que se dio para presentar las ofertas -inicialmente de quince días y posteriormente prorrogado a treinta- "es muy poco para poder presentar un proyecto emblemático", ya que el tiempo normal se sitúa "entre uno y tres o cuatro meses".

La oferta de ibercon

Mientras tanto, también ha sido interrogado el promotor Juan Matamalas, que se asoció de cara al concurso con Ibercon, cuyo propietario era Mateu Sastre -quien estuvo imputado en el marco de otra causa de corrupción, el caso Plan Territorial, posteriormente archivado". Según ha señalado, la oferta que hicieron fue de 45 millones de euros, pese a que el precio máximo fijado en el proceso era de 30, ya que para Ibercon "podía ser un plus".

"Sin duda estábamos interesados en optar al concurso, es un suicidio pero era así", ha subrayado el testigo, recalcando que antes de la publicación de las bases del concurso no se habló al respecto, según ha apuntado a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau. El juicio continúa este viernes con el interrogatorio de los numerosos testigos previstos para la vista oral, centrada en las presuntas irregularidades que acompañaron a la adjudicación de los solares a Sacresa.