La ley de cadena alimentaria supondrá la creación de la figura del mediador para todas las producciones primarias que no hayan sufrido un proceso de transformación, toda vez que los senadores del Partido Popular aceptaron incorporar la enmienda de la Xunta que planteaba este extremo, según ha avanzado la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, en declaraciones a Europa Press.

Aunque en un principio el Gobierno autonómico, con el presidente Alberto Núñez Feijóo al frente, pactó una serie de alegaciones con los sindicatos que incluían la prohibición del precio en origen por debajo de los costes de producción, el informe desfavorable de la Comisión Nacional de la Competencia decantó la apuesta del Ejecutivo gallego hacia la figura del mediador, que también reclamaban las centrales —especialmente Unións Agrarias—.

Quintana ha explicado que esta figura ya existe en Francia y ha dado "buen resultado", por lo que, tras la aprobación definitiva de la norma —su votación está prevista para comienzos del mes de julio—, será un reglamento el que desarrolle los requisitos y condiciones de funcionamiento de este mediador. La conselleira entiende que su constitución tendrá carácter estatal, puesto que depende del Ministerio de Agricultura.

Según ha resaltado, se trata de "posibilitar la intervención" de una figura de mediación para "supuestos de desencuentro", por ejemplo, entre ganaderos e industrias lácteas en las negociaciones previas a la suscripción de un contrato homologado. Pero no solo se ceñirá al ámbito de la leche, sino que servirá para resolver conflictos entre las partes en todos los subsectores primarios que no hayan sufrido un proceso de transformación.

La conselleira, que se ha mostrado "encantada" por la aceptación de la enmienda, ha recordado que el ponente de los populares en el Senado será un gallego, Enrique López Veiga, y ha reivindicado las gestiones de la Xunta con el Ministerio de Agricultura y el Gobierno central fueron "de la mano" del propio Núñez Feijóo, que "desde el principio" le dio una relevancia "de primer rango" a este asunto.

Huelga de entregas a finales de 2012

De hecho, las labores entre la Administración autonómica, las organizaciones sindicales, la distribución y la industria se intensificaron a finales de 2012, después de que el sector afrontase una huelga de entregas de leche en protesta por los bajos precios que estaban percibiendo las explotaciones por cada litro.

Sobre el hecho de que el texto legal no incorpore finalmente el veto a la venta a pérdidas, Rosa Quintana ha insistido en que "el espíritu de la ley" ya recoge la defensa de los sectores primarios, por lo que ha subrayado la importancia de la creación de un código de buenas prácticas y la figura del mediador.

Ahora, según ha recordado, a la consellería le queda "trabajo para conseguir reestructurar al sector", para lo que trata de dotar de una mayor base territorial a las granjas y, así, reducir su dependencia de la compra de forrajes.