La Universidad de Vigo intentará que la rebaja salarial impuesta por la Xunta en las instituciones académicas públicas no se aplique a los trabajadores que cobran menos de 1.000 euros.

Así lo ha anunciado el rector, Salustiano Mato, este lunes durante la sesión del Claustro, donde el debate sobre las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno gallego a través de la Ley los presupuestos centró buena parte de la sesión.

Mato ha hecho un llamamiento a una unidad de acción que permita "por todas las vías posibles atenuar las consecuencias de la ley y, sobre todo, blindarse ante futuras acciones".

En ese sentido, ha insistido en que la normativa es de obligado cumplimiento para las instituciones públicas y que la "única alternativa a no aplicar esto desde ya es que todo el personal se quede sin la nómina de alguno de los últimos meses del año".

Búsqueda de medidas

Por ello, ha avanzado que el equipo jurídico de la Universidad de Vigo trabaja en la búsqueda de medidas, "dotadas de la correspondiente seguridad jurídica", con las que menguar el impacto de la ley en los próximos meses.

Además, para blindar a las 3.000 personas que trabajan actualmente en la institución académica de acciones de mayor calado, se trabajará en buscar que cambien los presupuestos para 2014. Asimismo, el rector se ha comprometido a reunirse con todos los agentes sociales para hacer un plan de actuación que recoja distintas propuestas.

Oposición y sindicatos

El líder del grupo opositor Nova Universidade, Jaime Cabeza, ha considerado la Ley de presupuestos un "ataque frontal a la autonomía universitaria", y ha sugerido que su grupo podría poner en marcha una demanda judicial en caso de que la Universidad de Vigo no pase las decisiones por el Consello de Goberno y el Consello Social.

Además, ha acusado al rector de "pasividad y condescendencia" ante los recortes salariales. "Da su callada por respuesta y mira hacia otro lado", ha apostillado.

En términos similares se ha manifestado el profesor Ángel Rodríguez Gallardo, quien se ha expresado en nombre de la recientemente constituida Asemblea en Defensa da Universidade de Vigo, y ha entregado a la secretaria general más de 300 firmas solicitando la paralización de la rebaja salarial de manera inmediata.

Además, los representantes sindicales en el Claustro se han sumado a las críticas al grupo de gobierno, al que ha acusado de hacer una interpretación de la normativa que "perjudica al personal que menos cobra".

El presidente del Tribunal de Garantías, Argimiro Rojo, también ha expresado su "enérgico y contundente rechazo" a la reducción salarial, un rechazo que ha hecho extensivo a "todo el rosario de reformas con las que se están menguando los derechos de toda la comunidad universitaria".

Informe del tribunal de garantías

Por otra parte, Rojo presentó su informe de 2012, en el que alertó del fuerte incremento de solicitudes de intervención del organismo que preside.

Así, se pasó de los 25 expedientes presentados a 2011 a 58 en 2012. "Es evidente que se está invirtiendo la tendencia y que se está produciendo un aumento de la conflictividad", señaló, al tiempo que consideró que es "algo coherente con los tiempos de crisis".

Entre los datos recogidos en el informe del Tribunal de Garantías, destaca que el 72 por ciento de expedientes y asuntos tratados proceden de los alumnos. Después, le sigue el profesorado, con un 26 por ciento, y el personal de administración y servicios, que representa solo un dos por ciento de los asuntos.