La documentación que la Xunta ha enviado con carácter reservado (14 de 34 cajas) a la Comisión de investigación de las cajas se mantiene con rango secreto con los votos de los populares, al respecto de lo que la oposición ha mostrado su "total rechazo" y ha sugerido, como ha dicho el socialista Abel Losada, que si se "oculta" información "por algo será".

Entre la documentación confidencial, se encuentran las auditorías e informes solicitados en el proceso de fusión de las extintas cajas gallegas —Caixanova y Caixa Galicia— y las indemnizaciones que se aprobaron para los exdirectivos de las entidades crediticias. Para los socialistas, es "escandaloso, sino insultante" que no se conozcan algunos de los papeles, como la auditoría, y argumentó que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó "que la había entregado a los grupos", lo cual —agregó— no se produjo.

No obstante, en lo que sí se han mostrado de acuerdo todos los grupos, reunidos en comisión, es en censurar que el Banco de España haya declinado enviar la documentación solicitada y, ante este hecho, el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, ha planteado remitir un escrito de queja para exigir los papeles que se pidieron.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la Mesa de la Comisión, que se reunió después de la comisión, ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara una propuesta para trasladar la disconformidad de este órgano parlamentario a la respuesta enviada por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Con anterioridad, Puy reivindicó que esta actuación se diferencia de la adoptada por las Corts valencianas, cuando a ésta se le negaron documentos por parte del supervisor bancario, y "achantaron". "Coincido plenamente con AGE", aseguró Pedro Puy, quien propuso que esta comisión "debería hablar con los servicios jurídicos" para remitir una queja a este respecto "por la dignidad de la Cámara".

Y es que, el portavoz parlamentario de Alternativa, Xosé Manuel Beiras, se preguntó si Galicia se "iba a rebajar al rango de cualquier comunidad" que no sea "nacionalidad histórica" y permitiría que el Banco de España "convirtiese un estado de derecho en un estado de derechas" y no envíe la documentación que pide el legislativo.

A mayores, Losada pidió conocer si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también remitió una carta en la que denegaba información, de lo cual Pedro Puy aseguró no tener conocimiento (con posterioridad a la comisión, fuentes consultadas han confirmado que llegó la comunicación).

En todo caso, el diputado del PSdeG también pidió la comparecencia de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, de la que dijo que "también tiene color político", no sólo los cargos que había cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.

Tendrán acceso los 75 DIPUTADOS

Ante las críticas de los diputados de la oposición por las limitaciones para acceder a la documentación que tendrán los miembros de la comisión (la Xunta ha enviado 30.000 folios), Puy ha señalado que podrán tener acceso "los 75 diputados", pero ha rechazado que lo puedan hacer asesores de los grupos parlamentarios, como pidieron los grupos de la oposición.

"Evidentemente, no hay nada que ocultar", ha reivindicado, arguyendo que el Gobierno gallego envió todo lo solicitado. De hecho, ha reclamado que "no se diga que la Xunta está haciendo todo lo contrario" a lo que ha hecho.

Sin embargo, PSdeG, AGE y BNG se han mostrado contrarios a que se preserve esta condición secreta ya que, en el caso de las auditorías o estrategias de mercado, las cajas ya no operan.

Así, han mostrado sus quejas por cuestiones como que no se conozcan públicamente las indemnizaciones a los exdirectivos, como José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso, y que sean secretas las actas de las reuniones en que se aprobaron. En este sentido, Losada recordó que Novagalicia Banco lleva inyectados 9.000 millones de dinero público y ha asegurado que incluso se podrían pedir las declaraciones del IRPF de estas personas.

En este contexto, Jorquera advirtió que, de aprobarse el carácter reservado (como así ocurrió), su grupo "tendrá que valorar la nueva situación y lo que realmente podrá dar de sí" esta comisión.

Por su parte, el portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, ha pedido que se solicite un informe al Consello Consultivo sobre el carácter reservado o no de la documentación de la que dispone la comisión.

Ampliación de los plazos

Al margen de las dificultades observadas para cumplir los plazos de los que se había dotado la comisión, finalizar en el mes de julio, para lo que también se ha planteado una revisión de los tiempos, el portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, ha requerido que comparezcan el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, así como Jaime Caruana.

Sobre esta posibilidad, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha asegurado que "no descarta que se alargue más y que venga alguien más", pero ha subrayado que acaba de aprobarse un plan de trabajo y comparecencias por unanimidad de la comisión.

De hecho, según las fuentes consultadas tras la reunión de la Mesa, por el momento se mantienen los plazos establecidos por la comisión, que se había dotado de tres meses para finalizar la investigación parlamentaria, si bien los grupos de la oposición insisten en las dificultades que tienen para poder evaluar toda la documentación y compaginar esta cuestión con el resto del trabajo parlamentario y las comparecencias en comisión.

"oposición rotunda"

"Nos debemos a los ciudadanos y no a ningún reglamento perverso", ha proclamado Xosé Manuel Beiras, al respecto de la documentación reservada, antes de apelar a las palabras del juez Ignacio Picatostes (de la asociación de Profesionales de la Magistratura) en las que ratificaba que la "obstrucción constituía delito" para pedir que en estos términos se desarrolle la comisión.

"Total rechazo del BNG a que todos los documentos tengan carácter reservado", ha expresado, por su parte, el nacionalista Francisco Jorquera, quien ha advertido de las "carencias" de la comisión con estas premisas, y quien ha considerado que parece "una auténtica tomadura de pelo al Parlamento, y por ende al pueblo y sociedad gallega" al no ser pública este grueso de la documentación.

"retraso y niebla"

Sin embargo, en su intervención, el portavoz parlamentario socialista ha sugerido una intención del PPdeG de "retraso y niebla" en esta comisión y ha ironizado con la "clarividencia" que tuvo la asesoría jurídica al firmar el informe antes de que la comisión se constituyese y pidiese documentación.

En este argumento coincidió con el diputado del BNG, quien previamente había sugerido que "es inevitable la sospecha de que el grupo popular aceptó crear la comisión de investigación y el plan de trabajo porque sabía que iba a solicitar el carácter reservado".

Sin embargo, el portavoz popular argumentó que lo que hizo la Xunta es adelantar el trabajo de la comisión, cuya creación se había aprobado por primera vez en el mes de agosto, si bien la oposición insistió en que pronunció sobre documentos que todavía no habían sido pedidos de forma oficial en la comisión