El juicio por el derrumbe del edificio del Cabildo de Arriba que se cobró la vida de tres vecinos el 8 de diciembre de 2007, comienza este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, cuando se han cumplido ya cinco años y medio de la tragedia. Las partes implicadas están negociando un acuerdo que, de alcanzarse, todo parece indicar que sería en todo caso parcial, y se formalizaría en el arranque del juicio, según fuentes consultadas por Europa Press.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares piden cuatro años de prisión, por un delito de homicidio imprudente, para el constructor Adolfo Menocal y el ingeniero Carlos Iturregui, como responsables de las obras realizadas en el edificio contiguo al que se vino abajo en el número 14 de la Cuesta del Hospital.

Entre las acusaciones particulares, 11 en total, figuran la Asociación de Vecinos del Cabildo, familiares de las víctimas y vecinos del inmueble derrumbado, así como del número 16. A parte de los acusados, también ejercen la defensa las compañías aseguradoras de ambos. Las sesiones del juicio, que se celebrará en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, se han programado en principio para los días 12, 13, 14, 17 y 18 de junio.

En la fase de investigación previa, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander excluyó al constructor, propietario de la empresa Memecons, de responsabilidad en el accidente, que ciñó inicialmente al ingeniero encargado de la obra. Pero tras un recurso de los familiares de las víctimas y de la asociación vecinal, la Audiencia Provincial le incorporó como imputado junto al ingeniero.

Como consecuencia del derrumbe perdieron la vida Gumersinda Colmenero, de 73 años, su hijo Jesús Manuel Gómez Colmenero, de 52, y Teodoro Monzón Flórez, de 76, mientras que Francisco Gómez Colmenero resultó herido. El edificio había sido desocupado por las grietas aparecidas en él como consecuencia de la demolición del número 12, pero estas cuatro personas se encontraban en el momento del derrumbe recogiendo enseres personales.

En sus escritos de acusación, los hijos de Gumersinda Colmenero y otros vecinos del número 14 denuncian que la comunidad de propietarios del número 12, "con un propósito eminentemente lucrativo, planearon la demolición del edificio antiguo por uno nuevo, tratando de aprovechar el requerimiento recibido del Ayuntamiento que facilitaba la oportunidad de intervenir con aparente legalidad en el inmueble, para realizar una verdadera operación de especulación en virtud de la cual mejorarían sustancialmente sus propiedades, llevando a cabo una actuación que en ningún caso les habría resultado autorizada".

Tres delitos de homicidio imprudente

El Ministerio Fiscal imputa a los dos acusados tres delitos de homicidio imprudente, otro de lesiones imprudentes y otro de daños imprudentes, por los que solicita cuatro años de prisión para cada uno de ellos e inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante seis años, así como una indemnización total de más de 900.000 euros a satisfacer solidariamente, con "responsabilidad civil directa" de las compañías aseguradoras de ambos.

En su escrito de acusación, la Fiscalía relata cómo en 2005 la comunidad de propietarios de la Cuesta del Hospital nº 12 recibe del Ayuntamiento requerimiento para el arreglo de las fachadas y las cubiertas debido al estado ruinoso en que se encontraban. El edificio se encontraba fuera de ordenación, por lo que sólo se podían realizar obras de mantenimiento y las necesarias para garantizar la seguridad del inmueble.

En enero de 2006, la comunidad encarga al ingeniero Carlos Iturregui el proyecto de obra, que excede el requerimiento del Ayuntamiento y contempla la demolición íntegra del inmueble para a continuación acometer los trabajos de excavación para la cimentación de un nuevo edificio. En septiembre de 2007 la empresa Menocal Metálicas y Construcciones, cuyo administrador era el acusado, Adolfo Menocal, comienza las obras bajo la dirección técnica de Carlos Iturregui, sin contar con licencia municipal.

El fiscal señala que el proyecto de Iturregui no contemplaba las "pésimas condiciones" en que se encontraba el muro medianero entre los edificios de los números 12 y 14 debido a su antigüedad y el deterioro progresivo sufrido, y que tampoco el constructor se cercioró de dicho estado.

Pese a que el informe geotécnico que acompañaba al proyecto aconsejaba la excavación por zonas reducidas y la inmediata instalación de hormigón para evitar que el terreno quedase expuesto a circunstancias atmosféricas adversas -los días previos al derrumbe se registraron importantes cantidades de lluvia-, no se tuvieron en cuenta estas cautelas; la excavación de la zanja se produjo de una sola vez y no se echó el hormigón, tarea que estaba prevista acometer después del puente de la Constitución.

Durante los trabajos de demolición comienzan a aparecer grietas en las viviendas del nº 14, y a instancias de uno de los vecinos se elabora un informe pericial del que se da traslado al ingeniero, quien a la vista de la situación y ante el riesgo de desplome del edificio, el 7 de diciembre de 2007 decide el desalojo de los vecinos a un hostal sin comunicárselo al Ayuntamiento ni establecer controles para garantizar el efectivo abandono del inmueble.

El derrumbe se produjo a las seis de la tarde del 8 de diciembre, momento en que los fallecidos habían acudido a su vivienda a recoger unos enseres. También se encontraba en el edificio una cuarta persona, hijo de la mujer fallecida, que no había accedido a desalojar la propiedad y resultó herido.

El derrumbe aumentó el deterioro del edificio situado en el número 16, que ante su estado, fue declarado en ruina y se ordenó su derribo. También resultaron dañados dos vehículos que estaban aparcados en las inmediaciones y el locutorio situado en el nº 4 de la Cuesta del Hospital.