El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha puesto este martes en duda que la propuesta de suspensión de algunos proyectos urbanísticos que el Gobierno Local llevará al Pleno de este viernes tenga respaldo jurídico.

Para él, carece de sentido suspender algo que no se ha aprobado de forma definitiva. Argüelles, en rueda de prensa en el Consistorio, ha unido esta problemática a la de la gestión de las ayudas concedidas a los vecinos de Jove.

Asimismo, ha reprochado el "limbo urbanístico" al que el Gobierno Local somete a la ciudad, lo que ha considerado "un claro fraude político para los propietarios de suelo y también para los vecinos". También ha recriminado el "oscurantismo, funcionamiento caprichoso y la falta de transparencia" de la edil de Urbanismo, Lucía García.

En cuanto a Jove, ha recalcado en especial que los vecinos señalen que llevan aportando derramas de 100 euros mensuales desde 2012 para hacer frente a la reforma de las viviendas, lo que supondría que ya han adelantado 183.000 euros cuando la cantidad a pagar debería de ser solo de 67.000 euros.

Ha remarcado, sobre este hecho, que es el triple de la aportación prevista en el expediente municipal, lo que es, a su juicio, "especialmente grave", después de que la subvención concedida fue incrementada en 310.000 euros para compensar a la empresa adjudicataria por los costes financieros derivados del fraccionamiento del pago de la subvención en cinco años.

Por todo, se ha preguntado si la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), sabe por qué y para qué se están pidiendo a los vecinos cantidades superiores las previstas y si ha hecho algo para corregir esta situación "tan rara".

En su opinión, Moriyón no veló por los intereses generales cuando concedió estas ayudas el mismo día en que cambió las bases de concesión. "Tampoco lo hace ahora si permite que los vecinos tengan que asumir aportaciones superiores a las que vienen consignadas en los expedientes", ha recalcado.

También le ha instado a que corrija las "numerosas deficiencias" en materia urbanística existentes, como, a su juicio, "la reiterada falta de rigor" en las propuestas de la concejala, que somete acuerdos "de dudosa legalidad" al Pleno; el enfrentamiento permanente con los grupos municipales e incapacidad de generar acuerdos y de dialogar; y la "práctica del encubrimiento" de información muy relevante para los intereses generales de la ciudadanía.