La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado que hoy por hoy se está ante una "nueva cultura de la transparencia" en una sociedad que, ha asegurado, "ya no pide la palabra, sino que la toma"; de ahí la importancia de la futura Ley de Transparencia sobre la que está trabajando el Gobierno andaluz, cuyo anteproyecto estará en información pública este mes y se prevé que entre en vigor durante 2014.

Díaz, quien ha inaugurado en Málaga las jornadas provinciales 'Transparencia Pública en Andalucía. Más transparencia, más democracia' que pretenden impulsar la participación social en el anteproyecto de esta normativa, ha aludido a la necesidad de "recuperar la confianza de los ciudadanos en lo público", a pesar, ha admitido, de los errores que ha habido.

"Sabemos que ha habido demasiados errores y acontecimientos que, lamentablemente, han ahondado en el descrédito de los ciudadanos en las instituciones y en lo público", ha manifestado, y ha añadido que será la ley "más importante y con más trascendencia que se pueda aprobar esta legislatura", tanto hacia dentro, porque mejorará las instituciones; como hacia fuera, porque hará lo propio con la corresponsabilidad de los ciudadanos.

El momento actual, según la titular de Presidencia, es "difícil y complicado", pero ha incidido en que la Ley de Transparencia será "un reto, una oportunidad", que permitirá a la ciudadanía conocer en qué invierte la administración cada recurso público: "tienen derecho, es algo que debería formar parte de la normalidad pero aún no lo es".

Díaz ha señalado que la Junta está entre las instituciones con mayor valoración en transparencia en clasificaciones internacionales, sin embargo, a su juicio, esto "no es suficiente", siendo "necesario un esfuerzo mayor".

El periodo de consultas actual, que incluye otras jornadas formativas sobre esta futura norma en el resto de provincias andaluzas durante junio y julio, ha permitido ya contar con 13.000 consultas a través de la página web de la Consejería. "Es un texto vivo y en transformación", ha apostillado.

"romper el silencio administrativo"

Díaz ha incidido durante su intervención en que la futura ley será "buena para los políticos, los ciudadanos y las instituciones", puesto que permitirá "profundizar en ese crédito y en ese recuperar la confianza". Así, la ciudadanía podrá conocer la gestión de los recursos públicos y recibirá información por parte de la administración en un plazo no mayor a 20 días: "tenemos que romper el silencio administrativo".

En este punto, ha recalcado que la transparencia también debe ser facilitar información que los ciudadanos puedan entender. "No vale con colgar la información en la web; esa información debe ser entendible", ha afirmado, incidiendo en que si se hace "para que la gente no lo entienda estamos frustrando al que lo busca y falseando esa transparencia y ese acceso a la información y el 'open goverment'". "El lenguaje, el sistema, debe ser fácilmente entendible y reutilizable, y que lo pueda reutilizar el ciudadano, y todo eso de manera gratuita", ha apostillado.

La consejera de Presidencia e Igualdad, que ha intervenido ante unas 150 personas en el auditorio del Museo Picasso Málaga (MPM), ha reiterado que supondrá "abrir puertas y ventanas". "Es bueno para todos, para la administración y para los que estarán en el ámbito de aplicación de la norma", ha sostenido.

En este punto, ha enumerado algunos puntos sobre los que deberá informar la administración: presupuestos, cuentas anuales, financiación, deuda pública, gasto en campañas de publicidad institucional, contratos, convenios suscritos, ayudas públicas, oferta pública de empleo, procesos de selección de todo el personal, horarios, inventarios, programas, etcétera.

También obligará a alcaldes y concejales a tener que hacer pública información sobre sus bienes, y facilitar, igualmente, que se retransmitan los plenos, bien en las televisiones locales o a través de Internet. En caso de que en los municipios pequeños no tengan recursos para ello serán, según Díaz, las diputaciones las que deban prestar apoyo logístico.

"La sociedad no tiene que pedir permiso para opinar y las administraciones tenemos que ir al mismo ritmo que la sociedad", ha concluido, asegurando que la transparencia y la autonomía local "no están reñidas".