El voto a favor de la mayoría conservadora en el Parlamento portugués permitió la aprobación este viernes del presupuesto rectificado de 2013, que incluye nuevos ajustes para compensar los recortes anulados por el fallo del Tribunal Constitucional.

Una rebaja de cerca del 10% en el gasto de cada uno de los ministerios, el aumento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales para los trabajadores públicos y el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 66 años son algunas de las medidas aprobadas este viernes.

Como estaba previsto, el apoyo de los dos grupos que conforman el Gobierno en Portugal —socialdemócratas y democristianos— fue suficiente para sacar adelante el texto, invalidando así el rechazo unánime del resto de la oposición de izquierdas.

En comparación con el proyecto presupuestario original, del documento han desaparecido por decisión judicial la supresión de una paga extra a funcionarios y pensionistas, así como la rebaja de los subsidios de desempleo (6%) y de enfermedad (5%).

El Ejecutivo, que se mostró muy crítico con la sentencia del Constitucional, cuantificó en cerca de 1.300 millones de euros el impacto de estas medidas, motivo por el que decidió adoptar otros ajustes que permitan al país compensar esta pérdida de ingresos.

Además, el Gobierno del primer ministro, Pedro Passos Coelho, también prevé conseguir otros ahorros gracias a la caída de los intereses que penalizan la deuda pública y a la renegociación de los proyectos de sociedades mixtas (de capital público y privado) que reciben compensaciones del Estado a cambio de sus servicios.

Los conservadores lusos justificaron la necesidad de más ajustes para neutralizar los efectos en las cuentas públicas del fallo del Constitucional, y recordaron que éste ponía en riesgo los objetivos de déficit acordados con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entidades prestatarias de su rescate financiero.

"Alterar el presupuesto del Estado fue necesario debido al aumento del gasto derivado de la decisión del Constitucional", defendió en la sesión parlamentaria de este viernes el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, quien aseguró que "el deterioro del escenario macroeconómico no exigía, por sí mismo, cambios en el texto".