Un grupo de 26 trabajadores de la antigua fábrica de Uralita en Dos Hermanas (Sevilla) que resultaron afectados por el amianto acudirán el lunes al primer juicio colectivo por la vía civil contra la empresa, a la que reclaman 2,2 millones de euros de indemnización, y han aprovechado para reclamar la creación de un registro de afectados a nivel andaluz, para lo que piden reunirse con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y con la consejera de la Presidencia, Susana Díaz.

Representantes de estos antiguos trabajadores y de la Asociación de Víctima del Amianto (Avida) de Andalucía se han reunido este viernes con el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y el secretario general de

Mca ugt-A, Manuel Jiménez.

El presidente de dicha Asociación, Antonio Delgado, ha explicado que actualmente hay 80 extrabajadores de Uralita de Dos Hermanas con expedientes abiertos, de los que 26 están citados este lunes y el 11 de junio a un juicio contra la empresa Uralita, a la que reclaman 2,2 millones de euros por las enfermedades contraídas por la exposición continua al amianto en su trabajo, considerado altamente cancerígeno, sin adoptar las medidas de seguridad pertinentes.

Delgado, que ha indicado que a este primer grupo de trabajadores se unirán otros 25 extrabajadores que tienen su juicio en octubre, ha explicado que este es el primer juicio colectivo por la vía civil, y espera que se resuelva de la misma forma que los juicios individuales por la vía laboral, de manera favorable a los trabajadores.

Las diversas vías judiciales en el caso de Uralita se iniciaron en 2003, aunque la vía civil se inició en concreto en 2010 "aunque hasta 2013 no nos han dado fecha para el juicio, y en estos años han fallecido cinco compañeros". Han recordado que desde el año 2005 ya no se utiliza el amianto en las fábricas pero todavía quedan residuos por lo que la asociación de afectados exige un trabajo de prevención.

Los trabajadores han iniciado que este lunes estarán acompañados por trabajadores afectados por amianto procedentes de Italia y de América del Sur y creen que finalmente sus reclamaciones "acabarán en Bruselas, donde todos los afectados de Europa nos uniremos". "Si no quieren escucharnos, no atienden nuestras peticiones tendremos que elevar nuestras quejas. Esto no es un juego de niños, que el amianto mata no es una frase hecha", ha dejado claro Delgado.

Uralita, que inició su actividad en Sevilla en 1939, estuvo abierta hasta 1998. Delgado ha indicado que especialmente la primera parte de actividad de la empresa, el 70 por ciento de empleados eran mujeres "y muchas de ellas murieron de cáncer de mama o de ovarios, que nunca se vincularon con la manipulación de amianto".

Por su parte, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, pide un reconocimiento a las víctimas, algunas ya fallecidas, tanto a nivel legal como público y ha recordado que se han ganado los juicios individuales.

Tanto Fernández Sevilla como Delgado han recordado que existe una directiva de la UE — sí aplicada en Italia, Francia, Bélgica u Holanda— sobre esta sustancia donde se contempla la creación de un fondo económico para las víctimas de amianto por enfermedades profesionales, pero Fernández Sevilla lamenta que "en España este fondo no se ha constituido ni se ha aplicado la directiva", por lo que el sindicato y los afectados van a trabajar conjuntamente para impulsar la creación de un fondo económico para las víctimas.

Fernández Sevilla lamenta la falta de regulación y de legislación sobre estos afectados en España y ha exigido al Gobierno central la creación de ese fondo económico para las víctimas del amianto. Asimismo, apunta una "deficiencia enorme" en cuanto al reconocimiento de enfermedades profesionales.

Reunión con valderas y díaz

Asimismo, a nivel andaluz, UGT-A pide a la Junta de Andalucía la creación de un registro de afectados "que de momento no existe", sobre lo que Antonio Delgado ha lamentado que "los datos de los afectados a la hora de llevar a cabo los reconocimientos médicos los aportaron los propios trabajadores".

Antonio Delgado pide además más coordinación entre el Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de Salud en materia de datos y reconoce que se han sentido "desatendidos" por todas las administraciones.

Delgado además lamenta que en el gráfico de enfermedades profesionales hecho público por el Gobierno central con datos de las comunidades autónomas "Andalucía ni aparece".

En ese sentido, ha pedido una reunión con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y con la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, para que la Junta "aporte datos fiable sobre el número de afectados y se incorporen al gráfico que elabora el Ministerio".

Lamentan que a la hora de percibir indemnizaciones se aplique el baremo existente para víctimas de accidentes de tráfico, por lo que piden una normativa específica para los afectados por esta sustancia "que causa graves problemas a la salud, entre ellas cáncer de pulmón, problemas respiratorios graves, problemas de corazón o tumores en el aparato digestivo, entre cosas; es muy nocivo para los trabajadores".

Lamenta que "más del 70 por ciento de afectados por el amianto no ve reconocida esa relación entre su enfermedad y su actividad profesional", toda vez que "esas enfermedades van lentas y no existe foto fija". En ese sentido, lamenta que "nos hemos encontrado en muchas ocasiones con el problema de las prescripciones de los casos".

Fernández Sevilla reclama además la puesta en marcha de "tratamientos de prevención para los trabajadores que tengan que manipular amianto en demoliciones o trabajos en aves", mientras que Antonio Delgado demanda también la creación de un registro de edificios afectados por amianto y ha apuntado la necesidad de que en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) se contempla alguna casilla sobre la existencia o no de amianto en la estructura de los edificios".

Han recordado que el amianto ha sido un elemento muy usado en construcción e industria, y aunque dejan claro que no quieren "alarmar", sí piden que el Estado y las administraciones "se conciencien de la necesidad de informar a la población".