El Comité de Expertos al que el Gobierno encargó un informe sobre el posible diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones se reunirá de nuevo este viernes para intentar llegar a un documento final, tras más de un mes de discusiones, según han informado este miércoles fuentes próximas a este grupo de 'sabios'.

La idea es que de la reunión del viernes salga ya el texto definitivo que los expertos entregarán al Gobierno para su remisión inmediata al Pacto de Toledo, ya que el Ejecutivo quiere consensuar con los Grupos Parlamentarios y con los agentes sociales el diseño del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones.

Los expertos han superado el plazo comprometido para emitir su informe (finales de mayo), con lo que no es previsible que las discusiones del Comité vayan a prolongarse más allá de este viernes. De hecho, las fuentes consultadas indicaban, tras la última reunión, celebrada el pasado 27 de mayo, que el margen que el Gobierno iba a dar al Comité para acabar sus trabajos iba a ser "pequeño".

Aunque el Gobierno quiere que los doce expertos que nombró para este Comité ultimen su informe con el máximo consenso, las fuentes consultadas no descartan que el documento se cierre sin el apoyo unánime de todos los 'sabios'.

Todo dependerá de lo que ocurra con el texto final. En este sentido, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmaba el pasado martes que al Gobierno le interesa que se incorporen "las máximas sensibilidades posibles" en el informe y consideraba "previsible" que el documento final "se distancie mucho" del borrador conocido en las últimas semanas.

De hecho, aquel borrador no contaba con el beneplácito de todos los expertos, según señalaron fuentes cercanas a los 'sabios', que apuntaban la existencia de tres voces discordantes: la del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha representado a UGT en el consejo de administración de RTVE, Santos M. Ruesga; la del director del Gabinete de Estudios de CC.OO., Miguel Ángel García Díaz; y la del catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE, José Luis Tortuero.

Desde el entorno del Comité se señalaban que las principales discrepancias se referían a la posibilidad de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC y de aplicar el factor de sostenibilidad ya en 2014. En contra de esta tesis, los tres expertos 'disidentes' consideraban que se podrían establecer fórmulas para que el Estado se haga cargo del mayor coste de las pensiones de forma paulatina hasta la aplicación del factor de sostenibilidad en 2032, como se preveía en la reforma de las pensiones de 2011.

Otros de los argumentos de los expertos discrepantes con el informe preliminar es que las pensiones no deben perder poder adquisitivo a futuro, cuando, pese a mantener o incrementar su valor nominal, se reduzcan en relación al salario inicial.

Fuentes del Gobierno apuntaron entonces que en caso de que se mantuviesen estas diferencias entre los expertos --que representan una cuarta parte de todo el grupo--, el presidente del Comité, el catedrático de sociología Víctor Pérez Díaz, está capacitado para hacer una criba de opiniones para poder emitir un informe unitario.

El informe preliminar que se discutió en la reunión que el Comité celebró el 27 de mayo y que finalizó sin consenso diseña el factor de sostenibilidad a partir de los dos tipos de riesgos potenciales para el sistema de la Seguridad Social: los demográficos y los económicos.

El factor de sostenibilidad trata de asegurar el equilibrio presupuestario frente a los riesgos demográficos y económicos. En este sentido, los 'sabios' recomendan en este borrador que, para combatir el riesgo demográfico y la equidad entre generaciones, la pensión de jubilación de cada nuevo pensionista tenga en cuenta la esperanza de vida, medida que, según subrayaban, contribuirá a ralentizar el crecimiento del gasto en pensiones y que sólo se aplicaría a los futuros pensionistas.

Asimismo, para afrontar tanto los riesgos demográficos como los económicos, proponían, para todos los pensionistas (futuros y actuales), desligar la actualización de la pensión del IPC y vincularla a la evolución entre los ingresos y gastos del sistema, lo que, entre cosas, permitiría que la pensión media se ajustara "suavemente" a los cambios en el resto de variables.

En todo caso, subrayaban que los pensionistas actuales afectados por esta nueva fórmula de revalorización de sus pensiones deberán mantener el valor nominal de su pensión si de la aplicación de esta fórmula se deriva una reducción de la misma. Algo similar, sugerían,  debería tenerse en cuenta para los que están próximos a la jubilación.

Lo que también dejaban claro en esta propuesta preliminar es que ninguna pensión podrá dejar de ser "suficiente" tras la aplicación del factor de sostenibilidad, para lo que deben usarse los complementos a mínimos "o una figura similar". Además, recomendaban que las pensiones nunca suban por encima del IPC y que el ahorro que se derivaría de aplicar esta premisa se destine al Fondo de Reserva.