La Audiencia Nacional ha rebajado este martes de 10 a 5 millones de euros la fianza impuesta a Gerardo Díaz Ferrán tras estimar parcialmente un recurso de la defensa, en el marco del caso conocido como 'Operación Crucero'. A pesar de esto, el empresario seguirá en prisión provisional.

Al que fuera presidente de la patronal ya le fue rebajada la inicial fianza de 30 millones de euros, que le había sido impuesta poco después de su detención, en diciembre del año 2012, a otra inferior, de 10 millones.

En dicha ocasión, la justicia rebajó la cantidad al considerar que "podría ser excesiva" la cifra inicial impuesta, además de la avanzada edad del imputado (70 años) y su arraigo personal y familiar, aunque veía razones para fijarla ante la "suficiencia de indicios" en su contra.

El abogado de Díaz Ferrán había solicitado su puesta en libertad o, alternativamente, que se le impusiera una fianza que no superara los 50.000 euros, pero la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional rechaza ambas pretensiones.

Para justificar su decisión, los magistrados dicen que "no suele ser infrecuente que, aunque formalmente no se detecten bienes, sin embargo, materialmente, se ostenten", y añaden que no se puede descartar que sea lo que haya sucedido en este caso. "Tomando las palabras del Ministerio Fiscal, Díaz Ferrán pudo haber liquidado bienes de los que disponía a través de sociedades instrumentales y obtener recursos de ellos que ocultase con anterioridad a su encartamiento en esta causa", añade el auto.

En este sentido, la sala no da validez al argumento del abogado de Díaz Ferrán de que el informe de la administración concursal de Marsans sostiene la insolvencia de su representado, y recuerda que ese escrito señala que los datos y antecedentes aportados por el imputado "no han podido ser verificados en su totalidad".

La defensa del expresidente de la CEOE también cuestionó las declaraciones prestadas por dos testigos claves en la investigación, los supuestos testaferros Jorge García Téllez y José Vicente Semper, pero el auto dice que "lo cierto es que contienen suficientes elementos indiciarios de la participación delictiva" de Díaz Ferrán.

"También hemos podido apreciar que los contiene la declaración prestada el 24 de abril por Ángel de Cabo, cuando declara que al adquirir las empresas patrimoniales de Díaz Ferrán y (su socio) Gonzalo Pascual, ya se habían sacado sus bienes", agrega. De Cabo, que también está en prisión por esta causa, en su caso con una fianza de 3 millones, declaró que cuando compró Marsans a Díaz Ferrán "no había nada, que estaba vacía o arruinada".

Los magistrados señalan que, aunque será en su caso en el juicio cuando se sepa qué valor tienen esos testimonios, "lo cierto es que en este momento no se deben ignorar esos indicios que aportan".