Anna V., esposa del diputado de CDC Oriol Pujol, ha admitido este lunes ante el juez que investiga la trama de las ITV que cobró una factura de 200.000 euros de la empresa de uno de los imputados por una colaboración profesional en el proceso de deslocalización de la firma Sharp, según fuentes judiciales.

Fue la primera testigo de esta semana en declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Enric Anglada, que investiga una trama de empresarios y cargos públicos que presuntamente intentó amañar en beneficio propio el mapa de adjudicaciones de estaciones de ITV en Catalunya. Su marido está imputado por tráfico de influencias.

Fue la defensa del propio Oriol Pujol la que solicitó la testifical de su esposa, que figura en el sumario del caso ITV en relación con facturas emitidas por Alta Partners, empresa administrada por el amigo íntimo de Oriol Pujol e imputado en la trama Sergi Alsina, amigo íntimo del exsecretario general de CDC y exportavoz de CiU en el Parlamento catalán.

Anna V. ha reconocido ante el juez que cobró una factura de 200.000 euros -cantidad a la que ella misma se refiere en una de las conversaciones intervenidas que mantuvo con Sergi Alsina- de la empresa Alta Partners por asesorar a la sociedad sobre la deslocalización de Sharp.

Los investigadores sospechan que pudo facturar algunos trabajos de forma irregular ya que su empresa Avima facturó unos 20.000 euros en 2010, y al año siguiente sus ingresos superaron los 200.000.

De hecho, según un informe de la Agencia Tributaria que figura en el sumario, Alta Partners ganó 6,8 millones de euros por sus trabajos de asesoramiento en las operaciones de reconversión industrial de Sony-Ficosa, Sharp-Cirsa y Yamaha-Grupo Sesé. El mismo informe de la Agencia Tributaria sostiene que la esposa de Oriol Pujol comparte una cuenta bancaria con Alsina vinculada a la sociedad Bersenat, que habría recibido 4,6 millones de Ficosa, Sharp y Yamaha.

La esposa de Pujol, sin embargo, cree que esa información de la Agencia Tributaria obedece a una confusión con otra cuenta bancaria que ella comparte con Sergi Alsina para gestionar los gastos de las segundas residencias que ambas familias tienen en la localidad pirenaica de Urús.

El propio Oriol Pujol, el 16 de abril, tras declarar ante el juez, negó ante los medios informaciones que aseguraban que ella había sido cobeneficiaria de Alta Parners.

Anna V. ha declarado como testigo durante poco más de una hora ante el juez, que también interroga este lunes a directivos de las sociedades OCA e Itelevesa, que gestionan estaciones de ITV, y al exdiputado de CDC y letrado de una de esas sociedades Heribert Padrol.

Está previsto que las comparecencias se reanuden el martes por la mañana a partir de las 10 horas con la declaración de los exaltos cargos de la Conselleria de Empresa en la anterior legislatura, Enric C. y Josep C. (10 y 11 horas respectivamente), cerrando la ronda del día a las 12 horas Xavier P., de la empresa Ficosa.

El miércoles está citado los excargos de Sony, Pedro N. y María Jesús M., a las 10 y 12 horas, y cerrará la ronda de testigos del día la jefa de servicios jurídicos de la Generalitat, Margarida G.

Tras los testigos, a principios de junio comparecerán el resto de imputados de la presunta trama que, aunque ya declararon en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona que investigó la causa, ahora lo harán ante el TSJC una vez que este tribunal se ha hecho cargo del caso.

Del 4 al 11 de junio serán nuevamente interrogados el exsubdirector general de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, el exnúmero 2 de la Diputación de Barcelona y responsable del mapa de las ITV para el Gobierno catalán, Josep Tous, y tres empresarios del sector.

Los cinco fueron detenidos el 26 marzo 2012 en una operación policial derivada del Caso Campeón en Galicia.

Todos están imputados, junto a Pujol, por formar parte de una presunta trama para conseguir amañar concursos de ITV en favor de una empresa que habían creado 'ad hoc' los imputados, Upprime Energy, y otras empresas afines, aprovechando que el sector estaba judicializado y bloqueado y que había que reformarlo.