El Gobierno gallego reservará en el proyecto de Ley de Racionalización de la Administración Autonómica un porcentaje —aún sin cerrar, pero que podría ser de entre el 7 y el 10 por ciento— para que puedan optar a contratos públicos las empresas que potencian la integración laboral de personas de discapacidad como "un paso decisivo para alcanzar la integración plena en la sociedad".

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha realizado este anuncio tras reunirse con el presidente de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), Anxo Queiruga, y de visitar con éste las instalaciones de Trameve, una planta de tratamiento ambiental y desguace de vehículos, así como la sede de Galega de Economía Social.

Según ha explicado el vicepresidente, en la norma que será aprobada próximamente en el Consello y remitida al Parlamento se incluye la posibilidad de que se reserve la participación de centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral en determinados procedimientos de adjudicación de contratos.

Además, se apoya por ley la posibilidad de que se reserven parte de los contratos públicos a aquellas empresas en las que al menos el 70 por ciento de los trabajadores sean personas con discapacidad.

A esta medida hay que sumar otras novedades en materia de contratos como son las contrataciones centralizadas para "ahorrar costes", el fomento de los medios electrónicos y de las soluciones innovadoras o la ponderación en las adjudicaciones de criterios medioambientales y sociales.

"discriminación positiva"

Por su parte, el presidente de Cogami ha agradecido el compromiso de la Xunta ante la demanda del colectivo de que haya "una discriminación positiva" para las empresas de economía social y que se les reserve "carga de trabajo" puesto que también a ellas y a sus trabajadores, con problemas de discapacidad, les afecta la crisis económica.

Al respecto, Rueda ha trasladado el apoyo a la labor de Cogami y de este tipo de empresas, al tiempo que, preguntado por el porcentaje de reserva de contratos, ha explicado que todavía no está cerrado y, tras aludir a una horquilla de entre el 7 y el 10 por ciento, ha concluido que lo fijará su departamento mediante el diálogo con el colectivo afectado.

El grupo de empresas que gestiona Galega de Economía Social cuenta con casi 500 trabajadores, de los que más del 90 por ciento son personas con discapacidad. La iniciativa repercute directamente en la integración laboral de estas personas y redunda en su integración plena en la sociedad, según ha reconocido el vicepresidente.