El coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga, Enrique Benítez, y la parlamentaria andaluza Remedios Martel han mantenido este viernes una reunión con responsables del Colegio de Arquitectos sobre el proyecto de ley de servicios profesionales, planteado por el Gobierno, que pretende "liberalizar el mercado", con lo que "más de 1.200 arquitectos de Málaga pueden ver en peligro su futuro y ocupación porque no hay tanta demanda", ha dicho Benítez.

Ha asegurado que esto supondría "una amenaza a la profesión ya que pretende liberalizar el mercado y en el caso de los arquitectos los pone a competir con otros profesionales como ingenieros". El responsable socialista se ha referido también a la "pérdida de calidad del servicio que prestan los profesionales porque afecta a la garantía que ofrecen los colegios profesionales y por tanto a los derechos de los consumidores".

"Es una muestra más de que el liberalismo salvaje con el que el PP pretende sacar a España de la crisis no sólo precariza las relaciones laborales sino que también afectará a la seguridad en la construcción de las obras", ha concluido.

Por su parte, Martel ha afirmado que han comprobado "el rechazo de los profesionales al proyecto de ley, porque consideran que la garantías a los ciudadanos disminuirá si se implanta la no colegiación obligatoria".

Además, ha recordado, "el PP quiere hacer desaparecer a los colegios profesionales provinciales para establecerlos solamente de carácter regional, lo que provocaría una mayor inseguridad y abre un abanico de posibilidades al no tener determinadas las competencias de los profesionales que desarrollan estás actividades, sobre todo en el caso de los arquitectos, los arquitectos técnicos y los ingenieros", ha añadido.

"Desde el PSOE sabemos que la caída de la construcción también ha afectado directamente a los arquitectos, por lo que queremos conocer de primera mano cómo les afectará esa modificación legal para poder trasladar iniciativas o enmiendas a la ley desde Congreso, Senado y Parlamento de Andalucía", ha concluido.

"ruptura en el sistema de garantías y competencias profesionales"

Por último, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, ha mostrado su preocupación ante lo que "supone una ruptura en el sistema de garantías y competencias profesionales del país y de la Unión Europe (UE)" con el proyecto de ley de servicios profesionales.

"La ley dice que cualquier profesional puede ejercer la profesión y que será el mercado el que regule las condiciones, lo que establece un conflicto entre los arquitectos y los ingenieros y dentro de este último colectivo", ha lamentado, calificando de "falacia" el objetivo de que la nueva ley persigue provocar un aumento del PIB. Así, ha puesto el ejemplo de la desregulación de honorarios profesionales recordando que "se hizo pensando que iba a bajar el precio de la vivienda pero lo que pasó fue lo contrario".

Ha explicado que la nueva ley "se establece en aras de una competencia que ya existe, puesto que hay 50.000 arquitectos colegiados, otros 20.000 que no lo están y 30.000 en ciernes". "Tenemos el doble de arquitectos que tiene Francia pero la mitad de población, la competencia está asegurada", ha asegurado Vargas, quien ha considerado que estamos ante "un ataque más al modelo de bienestar social que ha disfrutado este país y meternos a todos en una competencia sin sentido".

Vargas ha explicado que el proyecto es una ley 'onmibus'. "Tendré que recomendar a los alumnos de arquitectura que se pasen a ingeniería porque por el mismo esfuerzo tendrán dos o tres carreras, porque tampoco existe diferenciación en las ingenierías en edificación, que son casi todas, y el Gobierno deja abierta la posibilidad de separar con una futura orden a algunas ingenierías", ha criticado.

"Es un fraude a la sociedad, un ejercicio de un riesgo importante que no se puede permitir ya que el índice de siniestralidad en arquitectura es mucho más bajo que en otros países porque están claramente definidas las capacidades y responsabilidades del técnico que las desarrolla", ha avisado Vargas, que ha concluido diciendo que "la ley afectará a todo, a las reclamaciones, a los juicios y a los costes de los siniestros".