La Junta de Castilla y León ha trasladado este martes a los representantes de la Administración autonómica en las delegaciones territoriales de Burgos, León y Palencia su "clara apuesta" por la defensa del municipalismo, que busca hacer la vida más sencilla al ciudadano y garantizar los servicios esenciales en el medio rural sin suprimir ningún municipio, de manera que, por pequeño que sea, tenga competencias.

La viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, se han reunido este martes en León con los máximos representantes de las consejerías, a quienes han asegurado que el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio señala como objetivo de la norma potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes.

Para ello, la normativa dispone de una serie de garantías para la consecución de unos servicios públicos locales más eficaces y eficientes, mediante políticas de racionalización y austeridad del gasto y mejora de la gestión, y que contarán con el apoyo y la cooperación económica de la Junta y de las diputaciones a favor de los municipios y de las nuevas mancomunidades de interés general, según ha informado la Junta en una nota recogida por Europa Press.

En primer lugar, las administraciones deben contar con los recursos financieros necesarios para prestar sus servicios públicos. El proyecto de ley señala que cualquier norma de la Comunidad que en un futuro atribuya, transfiera o delegue nuevas competencias a las entidades locales, deberá establecer con precisión la competencia que deban prestar, que los medios económicos a traspasar que sean adecuados y suficientes y, en su caso, los correspondientes medios personales y materiales.

Capacidad de entes locales

Por ello, la norma deberá valorar antes de aprobarse, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los criterios de capacidad de gestión y financiera de los entes locales, para lo que se tendrán en cuenta cuatro tramos de población de municipios: menor o igual a 1.000 habitantes, mayor de 1.000 habitantes y menor o igual a 5.000 habitantes, mayor de 5.000 habitantes y menor o igual a 20.000 habitantes o municipios de más de 20.000 habitantes.

Las alegaciones formuladas por las entidades locales deberán ponderarse durante la tramitación de la norma, antes de su aprobación.

Los servicios públicos se costean con los impuestos que pagan los ciudadanos, y por ello no se debe duplicar el gasto. Bajo el principio de 'una función, una administración', el proyecto de ley recoge expresamente la necesidad de suprimir las duplicidades administrativas.

De esta forma, dos administraciones distintas no pueden hacer lo mismo y los entes locales de Castilla y León prestarán únicamente los servicios amparados por una norma que les atribuya la competencia. Deberán corregirse las ahora existentes en el plazo de un año.

Financiación de mancomunidades

El presupuesto de ingresos de las mancomunidades de interés general, establecidos según los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se sustentará en primer lugar, en las propias aportaciones que realicen los municipios asociados, desglosándose para cada municipio y para cada uno de los servicios mancomunados, de acuerdo con los criterios de reparto previstos en los estatutos que ellos mismos han de aprobar.

Estas aportaciones serán pagos obligatorios y de carácter preferente. Además, cada uno de los municipios asociados establecerá en sus presupuestos las cantidades precisas, diferenciadas por cada servicio, para atender las aportaciones comprometidas con la mancomunidad de interés general a la que pertenezcan, debiendo velar por ello el secretario municipal.

Asimismo, la financiación de las mancomunidades vendrá a través de la participación en una parte del plan de obras y servicios que aprueben anualmente las diputaciones provinciales, a la que tendrán acceso directo a través de una subvención.

Además, el proyecto de ley contempla la creación de una línea específica de subvenciones de cooperación económica general de la Consejería de la Presidencia, sin perjuicio de otras ayudas que puedan establecer el resto de consejerías para apoyar la implantación o mantenimiento de servicios locales concretos.

La concesión de estos dos tipos de ayudas quedará condicionada al cumplimiento y acreditación por la mancomunidad de que la gestión, en cada uno de sus servicios, cumple con los principios de eficiencia, suficiencia financiera y la no duplicidad administrativa, y se evaluará haciéndose público sus datos para los ciudadanos.

Ingresos de la comunidad

Durante los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, la Junta aprobará un proyecto de ley que regule la forma efectiva de materializar la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad, de acuerdo con el artículo 55.3 del Estatuto de Autonomía, siempre que previamente se haya modificado la legislación básica sobre régimen local en relación al ámbito competencial local, con lo que se garantizarán unos ingresos fijos anuales a cada municipio, para prestar sus propios servicios y poder realizar las correspondientes aportaciones a la mancomunidad a la que pertenezcan.

La reunión que ha tenido lugar este martes en León es la segunda de los tres encuentros programados por la Consejería de la Presidencia para explicar a los jefes de departamento y jefes de servicio de todas las delegaciones el nuevo modelo de ordenación del territorio, en su continuada función didáctica y explicativa por toda la Comunidad. El próximo encuentro será el 28 de mayo en Salamanca.