La Audiencia Nacional acoge este martes el juicio por la impugnación del ERE de Novagalicia

La Audiencia Nacional acogerá este martes el acto de conciliación --y posterior juicio, en caso de no haber acuerdo-- por las impugnaciones presentadas por los sindicatos CIG y ASCA contra el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado en febrero en NCG Banco.

La Audiencia Nacional acogerá este martes el acto de conciliación —y posterior juicio, en caso de no haber acuerdo— por las impugnaciones presentadas por los sindicatos CIG y ASCA contra el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado en febrero en NCG Banco.

Las demandas se dirigen a la entidad y a las tres organizaciones sindicales que respaldaron el acuerdo —CC.OO., UGT y Csica—. Fuentes sindicales han precisado que se han acumulado las dos impugnaciones y se ha confirmado una fecha conjunta para las mismas.

De este modo, a partir de las 9.00 horas se procederá al acto de conciliación y, de no haber acuerdo, a partir de las 10.30 horas se celebrará el juicio, que el responsable de CIG-Banca, Clodomiro Montero, ha augurado que se producirá y que será largo.

Montero ha indicado que, dentro del proceso, han accedido al plan de reestructuración presentado por NCG Banco ante Bruselas, un documento que la CIG considera que "avala" su postura. El documento recoge que a 31 de diciembre de 2017 —fecha fin de la reestructuración— que los puestos de trabajo serán 3.334, por lo que concluye que, aunque en el ERE se haya pactado rebajar la cifra de despidos, ese será el número final.

Además, ha destacado que la indemnización de 30 días por año trabajado "ya venía" en este documento firmado con Bruselas, por lo que considera que "no hubo ninguna negociación".

En caso de prosperar la impugnación, según la sección sindical de UGT, la situación se retrotrae a la existente antes de firmar el ERE, con lo que quedan "fuera de la cobertura de un ERE a todas las personas que hayan salido a través de cualquiera de las medidas" incluidas en el acuerdo. Del mismo modo, se paralizaría la implantación de las jornadas partidas y las reducciones del 20% y 34%, respectivamente.

En este punto, agrega, sería necesario iniciar un nuevo periodo de consultas y una negociación. De no lograrse un acuerdo, la empresa "tiene la posibilidad de aplicar en su total extensión los contenidos de la actual legislación laboral".

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