El grupo BFA-Bankia comercializó el 96% de las participaciones preferentes que sacó a la venta entre pequeños ahorradores. La entidad ahora nacionalizada y presidida por José Ignacio Goirigolzarri mantiene actualmente un saldo vivo de 3.245 millones de euros en preferentes, de los que más de 3.123 millones estén en manos de 121.361 inversores minoristas. El resto, apenas 766 millones, los acaparan inversores institucionales, tal como refleja la respuesta parlamentaria remitida por el Gobierno a la formación Izquierda Unida.

El otro producto financiero considerado "híbrido" (porque está a medio camino entre las acciones, los bonos y los depósitos), la deuda subordinada, arroja cifras en las que también los inversores minoristas fueron actores principales. De los más de 3.270 millones colocados a inversores, unos 1.936 millones fueron para casi 85.000 pequeños inversores, y el resto (unos 1.334 millones) para grandes instituciones.

Además, la entidad antiguamente presidida por Rodrigo Rato comercializó otros 394 millones de euros en deuda subordinada perpetua, de los que apenas 2,5 millones fueron para los ahorradores. En total, BFA-Bankia mantiene aún 6.911 millones de euros en productos híbridos, de los que más de 5.000 millones son de minoristas, según la información oficial.

Ambos productos financieros (considerados "tóxicos" por asociaciones de usuarios de banca como Adicae) son los elegidos por las autoridades europeas para que asuman parte del "reparto de la carga". Es decir, los dueños de preferentes y deuda subordinada tendrán que soportar unas pérdidas medias impuestas por Bruselas del 38% y el 36% respectivamente, tal como ya publicó este diario.

¿Cómo se impondrán estas pérdidas? Mediante un canje forzoso en el que a cada ahorrador se aplicará una quita sobre su inversión inicial. Cada emisión sufrirá un recorte distinto (el FROB, en este comunicado, los concreta). Posteriormente, el resultante le será reembolsado a cada inversor, pero en acciones nuevas de Bankia (que cotizarán en el mercado continuo).

Sendos informes de la CNMV y del Banco de España (este último, destapado por este diario) han reconocido que la comercialización de preferentes no se ajustó a la legalidad. Por ello, y ante la avalancha de denuncias judiciales, las autoridades han abierto este último mes un proceso de arbitraje mediante el cual un organismo "independiente" determinará que aquellas personas que demuestren haber sido "engañadas" podrán recuperar toda su inversión.

El proceso de arbitraje, pese a que la publicidad oficial defiende que es más ágil y barato que la vía judicial, no es la opción defendida por asociaciones como Adicae o el movimiento 15MpaRato, que apuestan por proseguir por la vía judicial. "No nos opones a que un 15% de los afectados resuelva el problema con esta lotería que nos proponen, pero no es la solución generalizada que se merecen los afectados", señala la asociación de usuarios de banca en un comunicado. Más allá van los abogados representantes del 15MpaRato, que apuestan decididamente por acudir a la vía penal "por la gravedad de las infracciones cometidas".