La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha dicho que la nueva Ley de Costas "favorece" a los núcleos costeros del archipiélago, pues la disposición adicional de esta normativa reduce de 100 a 20 metros la zona de servidumbre y "no permite construir donde antes estaba prohibido".

En rueda de prensa, Hernández Bento explicó que las dos demarcaciones de Costas trabajarán junto con los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias para estudiar los 70 poblados costeros que en las islas están afectados por la antigua Ley (32 en la provincia de Las Palmas y 38 en la provincia tinerfeña), de manera que se pueda conocer cuáles responden a las características contempladas en la citada disposición.

La delegada aclaró, además, que las únicas excepciones en España se han dado en doce núcleos costeros, basándose en unos criterios que "no se cumplen en ningún núcleo de Canarias", y en cuanto a la comparación que se ha hecho con Formentera, apuntó que casi toda esta isla está dentro del dominio público, un caso que no se da en el archipiélago, donde este espacio está "muy delimitado".

Ha indicado también que existen en torno a 2.000 expedientes de viviendas afectadas en las islas, y afirmó que si bien esta ley no puede solucionar los casos en los que ya existen sentencias judiciales firmes, se intentarán buscar "todas las soluciones posibles antes de llegar a situaciones extremas".

Equilibrio y uso racional

Hernández Bento dijo que la nueva Ley, pese a ser "controvertida", busca el equilibro entre el uso racional de la costa y la protección del litoral y quiso dejar claro que "no permite construir donde antes estaba prohibido".

En relación a las reformas que se podrán realizar en la zona de servidumbre, dijo que sólo se permitirán cuando no supongan un aumento de volumen —ni de superficie, ni de altura— y se exigirá que cumplan con unos requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua.

También se refirió a una cláusula recogida en la nueva ley, que otorga a los delegados de gobierno la posibilidad de suspender o aplazar obras ilegales de forma cautelar, evitando así la aparición de "esqueletos" de edificios en las costas españolas, como en el caso del Hotel Algarrobico, en Almería, que pone nombre a esta cláusula.

En cuanto al uso de las playas, explicó que la nueva Ley distingue entre el tramo urbano y el tramo natural, una de las novedades "más interesantes" para Canarias, pues se podrán utilizar los tramos urbanos de las playas para la realización de eventos que tengan interés turístico, exigiendo siempre que se cumpla con todas las garantías medioambientales.

Por último, resaltó la seguridad jurídica que otorga esta normativa a los propietarios, pues amplía las concesiones hasta un máximo de 75 años adicionales, garantiza la información sobre las propiedades, que deberán estar inscritas en el Registro de la Propiedad, y permite la transmisión de los derechos sobre las concesiones de las viviendas.