Unas 500 viviendas situadas en zona de dominio público podrán regularizar su situación en Galicia con la Ley de Costas, según ha explicado el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, quien ha precisado que la mayoría, un total de 291, se encuentran en la provincia de Pontevedra.

En rueda de prensa, ha defendido que la reforma de la ley de 1988, acometida por el Ejecutivo del PP, "protege más a la costa, no rebaja las franjas de protección, no permite nuevas construcciones en núcleos que se regularicen y resuelve vacíos legales de la ley anterior", ha resumido.

Así, ha negado que se vayan aplicar "amnistías", un término que ha considerado "incorrecto" y que, en todo caso, según ha dicho, solo afectaría, de las 500 en zona de dominio público, a 93 pisos en Moaña (Pontevedra).

No obstante, ha insistido en que lo que hace la Ley de Costas, aprobada este jueves en el Congreso, es regularizar la situación de "construcciones legales con licencia y que, como consecuencia de deslindes anteriores al año 1988, caían en zona de dominio público".

"Por eso se excluyen zonas urbanas sin valor que preservar", ha recalcado Juárez, quien ha explicado que en Galicia solo existen unas 500 viviendas en zonas de dominio público, de ellas 291 en la provincia de Pontevedra; otras 178 en la de A Coruña y 38 en la de Lugo. Sobre ellas, ha dicho que podrán regularizar su situación y ampliar el plazo de concesiones en zona de dominio público "hasta 75 años", ha precisado.

Zonas de protección

Por otra parte, Juárez ha cifrado en 367 las industrias en dominio público en Galicia y en 21 los hoteles, "entre los que están en dominio público y zona de protección", ha precisado en su comparecencia para explicar el contenido de esta ley.

Respecto a los datos que apuntan a la existencia de 12.500 viviendas en la comunidad autónoma gallega que podrían beneficiarse de esta ley, ha recordado que en esa cifra están las de dominio público, competencia del Estado, y las ubicadas en zonas de protección, que corresponden al ámbito de la Administración autonómica.

Mientras, ha insistido, respecto a las viviendas que regularizarán su situación, que podrán modernizarse, pero no "incrementar su volumen o su superficie". También ha negado que la ley permita nuevas construcciones, recalcado que existe una "prohibición tajante" al respecto.

Asimismo, ha subrayado el hecho de que, a través de las Delegaciones del Gobierno, el Ejecutivo pueda impedir que se inicie la construcción de una obra que incumpla los preceptos establecidos.