El Gobierno de Castilla-La Mancha rebajará el precio de las viviendas protegidas de su propiedad en torno a un 27 por ciento de media "para facilitar que los ciudadanos puedan acceder a las mismas", algo que será un "estímulo importante" para fomentar el acceso a este tipo de casas.

Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que las 800 viviendas vacías propiedad de la empresa pública Gicaman se pondrán en el mercado para que puedan cumplir su "función social".

Ha explicado que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración este proyecto de decreto, que verá la luz "con la máxima celeridad posible", con el que la mitad de esas 800 viviendas se pondrán a disposición de los ciudadanos en régimen de alquiler con opción a compra.

Además, el 70 por ciento de estas viviendas, tal y como ha explicado la titular de Fomento, tendrán un precio inferior a los 200 euros al mes.

Flexibilidad en el cobro

De la Calzada ha anunciado además que otra de las medidas que ha tomado en consideración este jueves el Consejo de Gobierno es un decreto por el cual durante los próximos dos años habrá "medidas excepcionales" para arrendatarios de viviendas públicas propiedad de la Junta que estén en dificultades económicas, medida que podrá beneficiar a 1.500 familias.

La consejera ha subrayado que esta medida "brindará la posibilidad de pagar las rentas de forma aplazada o suspender temporalmente el pago", lo que tiene por objeto "proteger a aquellos inquilinos que por circunstancias económicas difíciles no pueden pagar".

Así, se podrá aplazar el pago del alquiler de los 12 meses siguientes a solicitar esta medida, "y en su caso el fraccionamiento del pago durante un plazo máximo de 5 años después de esos 12 meses".

"Para acogerse hay que acreditar que se trata de la vivienda habitual y permanente, que los beneficiarios no sean titulares de bienes inmuebles, que uno de los miembros sea colectivo especialmente vulnerable y que la suma de los ingresos en cómputo no supere dos veces el importe del IPREM", ha agregado.

Según De la Calzada, con este proyecto de decreto "se da un paso más para aquellos ciudadanos con dificultades y se establece la forma de acreditar este requisito", con lo que "se podrá discernir aquellas situaciones de impago que no tienen que ver con la crisis".

"Mientras que los arrendatarios merecen facilidades, en los que no concurre esta circunstancia tienen que ponerse al corriente de pago o abandonar las viviendas", ha aclarado.

Cesión para entidades sin ánimo de lucro

Por último, la titular de Fomento ha avanzado que esta medida se lleva a cabo acompañada de una modificación normativa "para hacer posible que la Junta pueda ceder un número de estas viviendas a favor de entidades sin ánimo de lucro".

"Queremos avanzar un camino para poder poner a disposición de entidades sin ánimo de lucro viviendas para que sean destinadas a ciudadanos en exclusión social. Esto no se permitía antes, y este proyecto de decreto incluye esa modificación legal", ha finalizado.