Una veintena de jueces de Primera Instancia y mercantiles coordinados por el presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, se han reunido este miércoles para debatir el régimen transitorio a aplicar hasta que la normativa española adapte la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), que calificó de abusiva la actual ley hipotecaria. Concluyen que el juez debe actuar "de oficio" para defender al consumidor, que debe estudiarse cada caso concreto y que las cláusulas abusivas "no vinculan a ningún efecto".

El texto consecuencia de esta jornada contiene un total de once puntos que concluyen que es necesario adaptar la legislación española a la doctrina europea, especialmente la procesal, con el fin de garantizar al consumidor una protección más eficaz.

Los participantes también resaltan en el texto la labor que están realizando por el momento los jueces de primera instancia que "interiorizando la dimensión ética de la función judicial" están llenando lagunas y dando respuesta a la sociedad desde los principios constitucionales.

Añaden que la reforma legislativa en curso responde a algunas cuestiones planteadas por el TJUE, si bien ello no exime a los jueces españoles "del deber de completar las lagunas" que pudieran existir "conforme a los criterios generales del ordenamiento jurídico" tanto nacional como europeo.

El debate se enmarca en las Jornada sobre Cláusulas Abusivas en los procedimientos de Ejecución Hipotecaria que ha sido organizada por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar y Ramón Camp como una actividad más del servicio de formación continua de la Escuela Judicial.

En cumplimiento de la sentencia de la TJUE, los magistrados reunidos en este cónclave concluyen que las cláusulas abusivas nulas de los contratos hipotecarios no vinculan a ningún efecto y el juez no puede moderarlas, sino simplemente tenerlas "por no puestas".

Señalan además que, para considerar el carácter abusivo de una cláusula contractual debe atenderse a las circunstancias que concurren en la celebración de contrato, en particular los considerados en la proposición de reforma de Ley Hipotecaria presentada por el Gobierno que precisamente este miércoles ha sido discutida en el Senado.

Igualmente, deberán estudiarse los diferentes tipos de interés referenciados en la normativa interna y las cláusulas de vencimiento anticipado en cada caso, que no deben declararse nulas en abstracto. Tampoco deben considerarse nulas en principio las denominadas cláusulas de intereses remuneratorios.

Advierten igualmente los magistrados que el deber de "control de oficio" de los tribunales debe ser especialmente relevante en el proceso de ejecución y en el juicio monitorio, y que los trámites procesales deben ajustarse a dicho deber de control en cumplimiento de la sentencia europea.

Así, proponen que a la hora de admitirse las demandas, si el juez ve alguna cláusula que pueda parecer abusiva, debe dar traslado a las partes y darles audiencia de cinco días para que presenten "las alegaciones que estimen oportunas sin necesidad de abrir ningún incidente" procesal.

Si el juez ve alguna cláusula abusiva declarara, "bien la denegación de la ejecución, bien el despacho de la misma sin aplicación de aquellas cláusulas que estime abusivas", y frente a ello cabría apelación, según esta "orientación" de los magistrados reunidos este miércoles.

La jornada se ha desarrollado en la sede de la Escuela de la calle Trafalgar de Madrid, a puerta cerrada, y ha sido clausurada por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa. Han asistido la práctica totalidad de los magistrados de la Sala de lo Civil del alto tribunal y una veintena de jueces de todas las comunidades autónomas, uno por comunidad y dos por las de Madrid, Andalucía y Cataluña, según las mismas fuentes. Igualmente, el debate ha contado con inspectores del CGPJ,  del Banco de España, del juez que llevó la Ley Hipotecaria al TJUE, el magistrado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo y de la magistrada del Tribunal Constitucional Encarnación Roca, entre otros.

El pasado 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. La legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

El tribunal europeo cree que esta protección a posteriori "resulta incompleta e insuficiente" ya que "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda" sino que se limita "al pago de una indemnización por daños y perjuicios". La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por juez Fernández Seijo antes de dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca que finalmente se ha declarado abusiva

Sobre los desahucios, el Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios con el único respaldo del PP y la presencia en la tribuna de una veintena de afectados que, durante la votación, exhibieron pancartas de "Stop desahucios. No más muertes".

Con gritos de "Sí se puede", los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que presenciaron en la tribuna las seis horas de debate, fueron desalojados del salón de Plenos mientras increpaban a los senadores del PP.

A las puertas del Senado otra treintena de personas de la Plataforma, vigiladas por un dispositivo especial de la Policía Nacional, se han concentrado para advertir de que "no se rendirán" y que las movilizaciones contra la normativa proseguirán su curso. En el transcurso del debate en el que se rechazaron las tres propuestas de vetos -de Entesa y del grupo socialista- y las 273 enmiendas planteadas por la oposición, el presidente de la Cámara, Pío García Escudero, tuvo que pedir en numerosos ocasiones silencio a los senadores y a la tribuna ante la interrupción del discurso de los intervinientes.