La Consejería de Agricultura castellanoleonesa y los grupos con representación en las Cortes, PP, PSOE y Grupo Mixto, han sellado un acuerdo de Comunidad con el fin de exigir que Castilla y León siga percibiendo anualmente ayudas por importe global de 1.150 millones de euros procedentes de la Política Agrícola Común (PAC), actualmente en proceso de reforma y con un horizonte temporal entre 2014-2020.

"Integra la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios, constituye un respaldo a la posición que la Consejería de Agricultura viene manteniendo hasta ahora y le transmite a ésta todavía más fuerza" de cara al proceso negociador aún abierto, se ha felicitado la titular de este departamento, Silvia Clemente, quien ha comparecido hoy en el Parlamento autonómico acompañada del portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, y la portavoz de Agricultura, Ana Sánchez, para escenificar públicamente la moción que será aprobada este miércoles por unanimidad en sede parlamentaria.

Clemente, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha aprovechado para agradecer el esfuerzo de todos los grupos, especialmente el realizado por el PSCL, y ha incidido en la trascendencia de lograr una buena PAC y, sobre todo, garantizar el mantenimiento de ayudas anuales que para Castilla y León representan más de 924 millones en ayudas directas, a las que se suman las consignadas para desarrollo rural, lo que se traduce en un total de 1.150 millones y en una aportación media de un 30 por ciento en las rentas que perciben los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

El acuerdo, además de exigir idéntica dotación presupuestaria, cierra filas en torno a la figura del agricultor profesional, al objeto de que las ayudas se dirijan a quienes viven del campo, los denominados ATP; por el rejuvenecimiento del sector, como medida obligatoria y no voluntaria; limitar el número de hectáreas elegibles, con el fin de que la superficie en España no supere los 22 millones de hectáreas, frente a las 38 millones inicialmente barajadas, para evitar una considerable merma en las ayudas a percibir por los agricultores; por un modelo de convergencia flexible, progresivo en el tiempo y con un desarrollo escalonado, y una flexibilización del denominado 'greening', para que el agricultor amolde su explotación a aquello que le reste menos competitividad.

La moción incluye la obligatoriedad de que las ayudas asociadas lleguen al 15 por ciento de la cantidad total que perciba España y que éstas incluyan a la ganadería, "la gran olvidada de la reforma", según Clemente, así como el mantenimiento de las cuotas del azúcar hasta 2020 como garantía de competitividad del sector; salvaguardar los derechos de explotación de los viñedos hasta 2030 y favorecer la organización de productores y la coordinación de las autoridades nacionales de competencia para posibilitar un mismo trato a todos los productores.

Encuentro en bruselas el próximo martes

El texto pactado entre la Consejería de Agricultura y los grupos parlamentarios será presentado en Bruselas durante la jornada de trabajo que tiene previsto mantener Clemente el 14 de mayo con los europarlamentarios Luis Manuel Capoulas y Michel Dantin, ponentes del reglamento de pagos directos y del reglamento de mercados, así como con los representantes socialista y popular Iratxe García y Agustín Díaz de Mera, respectivamente.

De esta forma, Castilla y León confía en que la postura de comunidad sea tenida en cuenta en Bruselas, donde continúan los 'trílogos' o encuentros a tres bandas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos que dieron comienzo en abril y culminarán el próximo mes de junio con el acuerdo político sobre los distintos reglamentos que regirán la reforma de la PAC.

A partir de entonces, el marco negociador, como así ha advertido Clemente, se trasladará a España, ya que "se tendrá que decidir entonces cómo se aplica la reforma, es decir, si hay más capacidad por parte de las comunidades autónomas o se mantiene un programa nacional", y es ahí donde la consejera espera también que se tenga en cuenta este acuerdo suscrito en Castilla y León que se centra en ejes de carácter estructural.

"Estamos hablando de un acuerdo necesario para los más de 70.000 agricultores y ganaderos a título principal y también para la industria agroalimentaria de Castilla y León, es decir, para más de 100.000 trabajadores en total", ha subrayado la consejera, quien ha confesado que gracias al pacto alcanzado la Comunidad acudirá la semana que viene a Bruselas "con una posición mucho más fuerte" y también cargada de razones de cara a las negociaciones en el Magrama a partir de junio.

Ejemplo de cara al futuro

En la misma línea, Ana Sánchez y Carlos Fernández Carriedo, del PSCL y PP, respectivamente, han justificado el acuerdo suscrito en la trascendencia del mismo para, en palabras de la primera, "miles de familias cuyo futuro está a expensas de una buena reforma de la PAC" y con el objetivo de "pelear por aspectos esenciales a fin de que Castilla y León tenga una posición fuerte".

La socialista ha apuntado que la moción recoge aquellos aspectos que más incidencia tienen sobre los agricultores y ganaderos de la Comunidad, tanto desde el punto de vista de garantizar esos 1.150 millones de euros anuales en ayudas como de incrementar en un 15 por ciento los pagos acoplados y ampliar al 2020 el mantenimiento de las cuotas al sector azucarero.

"A partir de ahora nos la jugamos pues la reforma de la PAC empieza para Castilla y León no tanto en Bruselas como en Atocha, sede del Ministerio de Agricultura, donde esperemos que esa posición de fortaleza de la Comunidad sea bien entendida por el Gobierno de España", ha indicado Sánchez, no sin antes subrayar la importancia de un sector, el primario y el de la industria transformadora, que representa más de un 5 por ciento del valor anadido bruto regional.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Carlos Fernández Carriedo, ha enmarcado la 'entente' alcanzada en materia de la PAC en ese contexto de "asuntos de comunidad donde es preciso mantenerse todos unidos", ha puesto como ejemplo precedente el conseguido en el último pleno respecto del modelo de financiación autonómica y ha expresado su deseo de seguir por esta misma línea a la hora de negociar otras cuestiones de vital importancia para Castilla y León, como la eficacia de las instituciones y la ordenación del territorio.