El Pleno de las Cortes de Castilla y León someterán a debate y votación el dictamen elaborado por la Comisión sobre el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad que tendrá un impacto económico de 155 millones de euros anuales a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

En concreto, esta Ley, como ha explicado el Gobierno regional, impulsa la participación de la iniciativa social en este tipo de políticas y que garantiza acciones positivas para que este colectivo logre hacer efectivo su derecho a la igualdad de oportunidades.

Esta ley contempla un concepto ampliado de discapacidad que incluye tanto a las personas con discapacidad como a las familias y representantes y a las personas en riesgo de padecer alguna discapacidad.

En concreto, el texto legal recoge un nuevo enfoque en la atención a estas personas y permite cumplir el compromiso de legislatura marcado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y consta de 76 artículos a través de los que no pretende reconocer derechos diferentes para las personas con discapacidad "sino aglutinar en una norma regional todos los derechos establecidos a nivel internacional, nacional o autonómico" y lograr que todos tengan pleno efecto a lo largo del ciclo vital, mediante acciones positivas y un sistema de apoyos y medios específicos para lograr su máxima autonomía personal, su integración sociolaboral, su participación en la sociedad y, en consecuencia, su mayor calidad de vida.

Para ello, el nuevo texto legal establece una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación, con promoción de la igualdad en los medios para acabar con estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias, y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad.

De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas de actuación: salud, educación y formación, empleo e inserción laboral, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente.

Además, para lograr la necesaria planificación coordinada de todas las actuaciones, tanto en el ámbito autonómico, como local y provincial, la Junta se dotará de un nuevo instrumento, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad que incluirá informes de impacto e impulso de la investigación sobre discapacidad.

Otras iniciativas parlamentarias

En la sesión plenaria se debatirán también cinco Proposición No de Ley, tres presentadas por PSOE, una por el Grupo Mixto y una quinta por el PP. En concreto, los socialistas instarán a la Junta a ejercer las competencias que estatutariamente se reconocen a la Comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León de la pérdida de sus viviendas como consecuencias de procesos de ejecución hipotecaria.

Asimismo, el PSOE pedirá a la Junta que se dirija al Gobierno de España para exigir la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa así como para abrir un proceso de diálogo en relación con el análisis de las necesidades y los objetivos del sistema educativo español.

Por último, los socialistas propondrán al Gobierno regional que cree una oficina de información que analice los casos en relación con los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada con el objetivo de asesorar a los mismos para conseguir la mejor solución posible a su situación.

El portavoz del Grupo Mixto, José María González, instará a la Junta a elaborar un proyecto de ley para hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada.

Por último, los procuradores del PP llevan al Pleno una PNL a través de la que piden a la Junta que, desde el acuerdo alcanzado por el Gobierno regional con CC.OO, UGT, Cecale, entidades locales y organizaciones del tercer sector, aproveche las herramientas pactadas para prestar la cobertura necesaria a las familias que como consecuencia de la crisis se enfrente a procedimiento de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual.