Ante los recientes escándalos de fraude fiscal, el aumento de la presión ciudadana y el creciente descontento entre los propios países, que ven miles de millones evadirse a los paraísos fiscales, la Unión Europea (UE) ha decido tomar cartas en el asunto y poner cerco al secreto bancario.

En el actual contexto de crisis económica, la evasión fiscal se ha convertido en un problema especialmente delicado para los países de la UE, que ven como sus arcas públicas se ven privadas de en torno a un billón de euros cada año, según los cálculos de Bruselas, una cifra equivalente al Producto Interior Bruto (PIB) de España.

En la Unión Europea, cada país es el responsable de recolectar los impuestos y luchar contra la evasión, pero el alcance global del problema ha llevado a instituciones y Estados miembros a buscar medidas para hacerle frente de manera conjunta.

Los Gobiernos europeos tratarán la lucha contra el fraude en tres encuentros formales en solo dos semanas: en el seno del Consejo, primero en la reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), el día 14, y una semana después, en el Consejo de Asuntos Generales, un día antes de elevar el tema al nivel de los líderes.

La evasión fiscal será uno de los temas destacados de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 22 de mayo en Bruselas, un punto incorporado hace apenas dos semanas a la agenda con el objetivo de "aprovechar el impulso político para abordar este problema crucial", según dijo entonces el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Sobre la mesa hay varias ideas; la última, limitar las posibilidades de los bancos europeos de hacer negocios con paraísos fiscales, ha sido sugerida públicamente esta semana por Berlín y París.

Los Veintisiete tratarán de lograr un consenso "rápido" sobre siete cuestiones "clave", según la misiva conjunta enviada por el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, y la Presidencia irlandesa de turno a las capitales de cara al Ecofin.

Entre ellas, destaca la revisión de la directiva de ahorros, con el objetivo de ampliar su definición del pago de intereses e introducir un mecanismo mejorado para identificar a los propietarios de cuentas, paralizada desde 2008 por Luxemburgo y Austria.

Además, los Veintisiete buscarán reforzar el sistema de intercambio de información automática, tras la decisión de las cinco mayores economías de la Unión Europea —Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España— de poner en marcha un "instrumento piloto de intercambio multilateral" de información.

Otra cuestión fundamental es lograr un acuerdo sobre el mandato a la Comisión Europea para que inicie conversaciones con cinco países vecinos —Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San Marino— para fortalecer la colaboración en la lucha contra la evasión fiscal, también paralizada por Luxemburgo y Austria.

El cambio de postura anunciado por Luxemburgo y la renovada presión sobre Austria podría permitir que finalmente se llegue a un acuerdo en estos dos dossieres, lo que desplazaría el foco de atención a los "refugios" como Suiza, que ya han advertido que no renunciarán a su tradicional secreto bancario.

Más aún después de que varios territorios británicos de ultramar, entre ellos Bermudas y las islas Vírgenes, hayan firmado un acuerdo con Londres para intercambiar información fiscal y de que Gibraltar haya anunciado nuevos pasos contra el fraude fiscal y en favor de la transparencia, de manera que participará en sistemas globales de intercambio automático de información de EE UU y Europa.

Pero más allá de las finanzas, el fraude fiscal se ha convertido también en una preocupación social en la UE.

Una plataforma ciudadana en línea ha logrado recopilar por el momento 4.000 firmas contra la "corrupción y el secreto bancario suizo" y para exigir que se cree una "comisión de la verdad y la justicia" para investigar el papel que juega la Confederación en el favorecimiento de la evasión de grandes fortunas de origen ilícito.

La petición ha sido organizada por ciudadanos de quince países europeos que "no se conocían de nada" pero compartían esta preocupación, según explicó uno de sus organizadores, y está disponible ya en siete idiomas.

"La iniciativa logra más de un apoyo por minuto, la gente está demandando más transparencia", señala este activista.