El sector crítico de IULV-CA, compuesto por el CUT-BAI e Izquierda Abierta, pide celebrar un proceso "de consulta vinculante" sobre la continuidad de la federación de izquierdas en el pacto de gobierno con los socialistas, una iniciativa que se celebraría antes de la aprobación de los Presupuestos de la Junta para el año 2014.

Así se recoge en el documento político alternativo, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se debatirá en la Asamblea Andaluza tras ser rechazado por el Consejo Andaluz con el 76,6 por ciento de los votos en contra, el 16,6 por ciento a favor y el 6,6 por ciento de abstenciones.

Los críticos reclaman que antes de la elaboración de los Presupuestos de la Junta para 2014 se desarrolle un proceso de análisis y evaluación de la participación de IULV-CA en el Gobierno andaluz contando para ello con el conjunto de la afiliación a través de todos los mecanismos políticos y estatutarios "que se consideren convenientes".

En el citado documento se apunta que ha habido "más sombras que luces" durante el primer año de IULV-CA y se critica la falta de transparencia en la negociación "a ciegas" del pacto, que no se tuviera en cuenta el estado de las cuentas andaluzas y que se aceptara el plan de ajuste de 2.500 millones, "aunque fuera por imperativo legal".

Tras las "sombras" de los recortes, de los presupuestos "restrictivos y antisociales" de la Junta y el "fiasco" de la comisión de los expedientes de regulación de empleo (ERE), los críticos de IULV-CA aseguran que se ha abierto paso la luz en forma de decreto-ley de la función social de la vivienda, que supone "el camino a seguir".

Asimismo, este sector de IULV-CA pide que la federación de izquierdas impulse "de forma inmediata" la creación y gestión antes de seis meses del Banco de Tierras; la implantación de la Renta Básica a partir del ejercicio de 2014 dotada con 500 millones; o un plan de empleo de protección ambiental (100 millones).

Otras de sus reivindicaciones hacen referencia a la creación de la banca pública andaluza antes de final de año; la aplicación a partir de 2014 de los impuestos a las grandes superficies, a las emisiones de CO2, a las grandes fortunas y a la banca; la implantación del coche eléctrico y los sistemas de transporte BRT en áreas metropolitanas (200 millones).

También piden en el citado documento un plan estratégico para el fomento de la agrobiotecnología alimentaria y de cultivos funcionales (500 millones); un plan para el fomento de producción ecológica y soberanía alimentaria (diez millones), o un plan de fomento del comercio de proximidad en áreas urbanas (cinco millones), entre otras medidas.

Cabe destacar de igual modo la solicitud de creación dos grupos de expertos, uno a nivel internacional para la redefinición de mecanismos alternativos de financiación, y de otro de gestión pública para determinar y analizar las duplicidades en la Junta y proponer un plan de optimización de recursos, dirigido por la Vicepresidencia y la Consejería de Presidencia.