La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio de Abogados del Territorio han suscrito un convenio de colaboración, dotado con 60.000 euros, para que las personas afectadas por desahucios puedan contar con asistencia jurídica gratuita que "garantice la defensa de sus derechos". La iniciativa "innovadora y experimental" es la primera de estas características que se firma en el Estado.

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, y la decana del Colegio de Abogados, Lurdes Maiztegi, han presentado este acuerdo, que incluye un servicio de asistencia jurídica integral para la defensa de los derechos de las personas radicadas en Gipuzkoa que "se encuentren en riesgo de pérdida de su única vivienda, en el umbral de exclusión social a consecuencia de reclamaciones dinerarias, derivadas o no de préstamos garantizados con hipoteca y sean deudoras de buena fe".

La institución foral financiará esta defensa a través de una subvención de 60.000 euros concedida al Colegio de Abogados, de caracter ampliable. La identificación y primera atención de las personas que precisen esta ayuda se hará a través de los servicios sociales municipales, con quienes se seguirá trabajando para recoger sus aportaciones al documento, al igual que con las entidades sociales de Gipuzkoa.

El diputado de Política Social ha asegurado que "los suicidios, las enfermedades, las depresiones y otros muchos males que sufren las personas desahuciadas son producto de la violencia económica de gobiernos, leyes y bancos que ponen el beneficio económico por encima de los derechos de las personas".

Ante esta situación, Rodríguez ha afirmado que el Gobierno foral "ha decidido elevar a las instituciones las acciones de confrontación contra los desahucios".

"derechos humanos"

El diputado general, por su parte, ha resaltado que, "aunque no es la única solución que hay que dar al problema de los desahucios", este convenio aborda "un aspecto muy importante de este drama como es la defensa de los derechos humanos".

En este sentido, ha asegurado que se trata de una "perspectiva pionera", que "nada tiene que ver con actuaciones" llevadas a cabo por otras administraciones, y responde a la necesidad de "comenzar lo más rápidamente posible a dar respuestas".

"Cuando se está vulnerando un derecho no se puede actuar solo a posteriori, destinando recursos públicos a una ayuda meramente asistencial y cuando los bancos ya han cobrado lo que querían. Es necesario actuar sobre el origen para que el hecho no suceda, no sobre las consecuencias", ha asegurado.

Por ello, Garitano ha afirmado que "la justicia social es el eje" del Gobierno foral de Bildu. "Vamos a estar al lado de quienes de verdad nos necesitan, no al lado de los bancos, ni de los poderes económicos ni de quienes han provocado la crisis", ha recalcado, para añadir que este convenio se tratará con ayuntamientos y agentes sociales.

Finalmente, la decana del Colegio de Abogados ha explicado que se trata de un convenio "innovador y experimental" puesto que en el primero de estas características que se aplica en Euskadi y en el Estado al ofrecer "un asesoramiento jurídico previo a cualquier litigio". "Se trata de evitar males mayores, si es posible.