El Tribunal Supremo (TS) sigue adelante con el proceso contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Joaquín José Ortiz Blasco, investigado por el supuesto asesoramiento a empresarios de las ITV cuando él mismo resolvía los recursos contenciosos-administrativos sobre la cuestión.

En una interlocutoria, el Supremo insta a la fiscalía a pedir la apertura de juicio oral, que pida el archivo o más diligencias de instrucción por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Según el Supremo, Ortiz Blasco habría mantenido contactos frecuentes con empresarios del sector cuando tenían que presentar recursos contra el concurso de adjudicación de las ITV que más tarde resolvía él mismo.

La Sala de lo Penal del Supremo investigaba al presidente de la Sección Quinta de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC desde julio del año pasado. La fiscalía pidió que el Supremo instruyera la causa contra Ortiz Blasco por negociaciones prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función. Este delito está penado con multas de seis a doce meses y suspensión de cargo público de uno a tres años.

A pesar de que la defensa del magistrado ha pedido el archivo de la causa y la anulación de las conversaciones telefónicas intervenidas, además de la declaración de algunos testigos, el Supremo desestima estas peticiones y pide a la fiscalía que decida si se abre juicio oral contra el magistrado, se piden más diligencias o se archiva definitivamente.

Para avalar su decisión, el Supremo enumera numerosos indicios de la supuesta connivencia entre el magistrado y empresarios del sector de las ITV, entre los cuales estaba Ricard Puignou, administrador de Certio, e imputado en la causa.

Así, desde el 2009 y hasta el año pasado, cuando estalló el caso, el magistrado, Puignou y Enric M.G. mantenían una relación frecuente, e incluso fueron juntos de vacaciones en Croacia en abril del 2010.

Entre mayo de 2010 y mayo de 2011 el magistrado y Puignou cruzaron numerosos correos electrónicos sobre la cuestión, entre los cuales había un borrador de recurso contencioso-administrativo contra el reglamento de la Generalitat sobre las estaciones de ITV y otro contra la resolución del concurso.

Así, en diciembre de 2010 el magistrado daba el visto bueno a un borrador de recurso de Certio contra la adjudicación de estaciones a Atisae, otra empresa del sector. En concreto, Ortiz Blasco dice a Puignou que "puede presentar" el recurso, porque ya le ha dado el "OK", y que "ya hablarán". En mayo de 2011, la Sección Quinta, presidida por el magistrado, acepta la medida cautelar solicitada por Certio.

En los meses siguientes se resolvieron numerosos recursos sobre la cuestión, siempre desde la sección presidida por el magistrado investigado.

Las gestiones llegaron a tal punto que en febrero de 2012 cenaron el magistrado, Puignou y Enric M.G. en el restaurante "habitual". Al día siguiente, Puignou habló por teléfono con el secretario general de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, también imputado, y le explicó que Ortiz Blasco se reuniría con dos abogadas de la Generalitat para desencallar el proceso. La intención del juez, según Puignou, era denegar la autorización a Itevelesa, modificar la normativa y volver a convocar el concurso.

Al día siguiente el juez almuerza con las abogadas, encuentro del cual es informado también Sergi Alsina. Tous y una de las abogadas también hablan de la cuestión.

Por todo esto, el Supremo considera que el magistrado "orientó" a una de las partes implicadas en el proceso judicial y concluye que se le puede juzgar por este motivo, a pesar de que deja la decisión final a la fiscalía. El magistrado todavía no ha sido apartado de su cargo, decisión que tendrá que tomar más adelante el Consejo General del Poder Judicial. Se da la circunstancia que Ortiz Blasco ha intervenido también en varias sentencias e interlocutorias polémicas sobre la inmersión lingüística.