La Fiscalía anticorrupción de Jerez de la Frontera ha elevado al Juzgado número dos de Rota (Cádiz) una denuncia criminal contra Eva María Corrales Caballero (PP), actual alcaldesa de Rota, y Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos), anterior alcalde de la localidad, por un delito continuado de prevaricación, a tenor de una denuncia interpuesta por IU en referencia "a las irregularidades" detectadas en la realización de horas extras de un funcionario durante los años 2007 a 2010.

Según ha informado IU en un comunicado, con los datos presentados la Fiscalía comenzó una investigación hasta llegar a la imputación de ambos, además de otras seis personas más entre técnicos y funcionarios.

IU asegura que sólo busca con esta denuncia "transparencia en la vida pública y normalidad democrática en las labores de gobierno". Al hilo, informan de que la denuncia surgió hace dos años, cuando "de forma anónima dejan en el buzón de nuestra sede una serie de documentos relativos a las horas extras de funcionarios". Comprobados y analizados los mismos, percibieron el número "desproporcionado" de horas extras realizadas por parte de un funcionario entre los años 2007 y 2010, estando la documentación "firmada por el entonces alcalde Lorenzo Sánchez Alonso".

Señala IU que una vez comprobado que esas horas "no habían sido realizadas en su lugar de trabajo", solicitaron al equipo de gobierno un estudio analítico de las horas realizadas por el personal funcionariado durante el año 2010, pero pasa "más de un año cuando estas horas son recibidas, por nuestra formación política, comprobándose lo que habíamos descubierto, que esas horas no se realizaban en el lugar de trabajo".

Precisan que les llamó la atención que las horas sobrepasaban las 70 mensuales, llegándose a realizar incluso durante el periodo vacacional; unas horas que "en ocasiones superaba los 2.000 euros mensuales, llegándose a verificar hasta meses con más de 3.000 euros por este concepto. En total, casi unos 42.000 euros en horas extraordinarias durante el periodo mencionado", apuntan.

Entiende la formación de izquierdas que al "continuado" delito de prevaricación podría sumarse "algún otro más". Al hilo, defienden su labor como "fiscalizadores de la política local", una de las labores de la oposición, según subrayan. "Lo que no se puede dudar es de algo se estaba haciendo mal en este sentido cuando a partir de agosto del año 2010, el funcionario en cuestión deja de realizar horas extraordinarias", concluyen.