La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han recomendado a los titulares de preferentes de entidades participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que acudan, en primer lugar, al arbitraje "como mal menor" y que, en caso de ser rechazados, opten por la vía judicial en segundo lugar.

Aunque, a juicio de la OCU, los criterios aprobados este miércoles por la Comisión de seguimiento de las preferentes son "restrictivos, ambiguos y mejorables", "parece" que el laudo arbitral atenderá a un mayor número de afectados, sobre todo de entre los que hayan invertido menores cuantías.

En concreto, para establecer los criterios la Comisión ha valorado si los clientes invirtieron menos de 10.000 y si esos fondos procedían de depósitos u otros productos de bajo riesgos. Además, tiene en cuenta si quienes suscribieron los títulos eran menores de edad o personas con discapacidad, así como si se les facilitó la información adecuada y si la inversión, aunque fuese reducida, suponía un porcentaje importante de su patrimonio.

Pese a esta recomendación, la OCU ha advertido, a través de una nota, que valorará la posibilidad de emprender acciones penales contra "todos los responsables públicos y privados que han tenido una responsabilidad directa en la comercialización" de estos productos financieros.