Once ayuntamientos de Barcelona, Girona y Tarragona han decidido dejar de pagar los impuestos a la Agencia Tributaria española y, por primera vez, han ingresado el IRPF de los empleados públicos en la hacienda catalana, un total de 300.000 euros. Lo mismo han hecho tres empresarios.

La Agencia Tributaria Catalana acaba enviando el dinero a Madrid porque la Generalitat no tiene no tiene competencias para gestionar los impuestos. Sin embargo, los alcaldes argumentan que es un gesto simbólico que demuestra que quieren que Cataluña pueda recaudar sus impuestos.

"Este jueves venimos a presentar los papels confomre hemos pagado estos impuestos, lo que deberían hacer todos los catalanes", ha afirmado el alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, quien ha abonado los 2.800 euros del primer trimestre del año correspondientes al IRPF de los dos trabajadores con los que cuenta el consistorio.

De este modo, la Generalitat recaudaría cada día 60 millones de euros y se evitaría que "40 se queden en Madrid" como ahora. No es lo mismo afrontar un proceso soberanista "con los bolsillos llenos que vacíos", ha sentenciado Piqué, quien ha animado al resto de consistorios a hacer lo mismo.

Los municipios barcelones que este jueves han ejercido su "sobiranía fiscal", como lo define la Associació de Municipis per la Independència (AMI), son Alella, Arenys de Munt -donde se celebró la primera consulta independentista-, Gallifa, Llinars del Vallès y Premià de Dalt.

En Girona, han hecho lo mismo los municipios de Sant Jaume de Llierca, Ripoll, Campdevànol, Viladamat, Sant Julià del Llor y Bonmatí. En Tarragona, por ahora sólo lo ha hecho Marçà aunque el alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha asegurado que muy pronto se sumarán a la iniciativa de la plataforma Catalunya diu prou.

De hecho, la AMI -integrada por 701 entidades entre municipios, consejos comarcales, diputaciones y otras entidades municipales- espera que en julio lo hagan ya un centenar de municipios y el resto de localidades asociadas puedan pagar sus impuestos a la hacienda catalana en otoño.

Para entonces, la Generalitat dispondrá de un mecanismo para que los que quieran abonar los impuestos a la hacienda catalana puedan hacerlo con seguridad jurídica.