ELA ha presentado un protocolo de actuación que será remitido al Gobierno de Navarra y a las entidades locales para que "ningún funcionario que haya manifestado por escrito su posición contraria a intervenir en un desahucio se vea forzado a tomar parte activa" en un procedimiento de este tipo. El documento reivindica "el derecho a la objeción de conciencia" de trabajadores públicos ante estos casos.

El protocolo, que se incluye en una propuesta más amplia sobre los desahucios, ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por el responsable de la Federación de Servicios Públicos de ELA en Navarra, Iván Giménez, el delegado de ELA en el Ayuntamiento de Burlada Richard Sánchez, el delegado del sindicato en Policía Foral Félix San Juan, y la delegada de ELA en el ámbito de la justicia Carmen Rodríguez.

Giménez ha explicado que la iniciativa, que ha partido de las secciones sindicales de ELA en Justicia, Policía Local, Policía Foral, y Bomberos, será trasladada al resto de sindicatos de la Función Pública y a los grupos políticos del Parlamento de Navarra.

El objetivo último de esta propuesta, según ha trasladado Giménez, es "evitar que haya desalojos en Navarra sin realojo de las familias afectadas", así como que "se llegue a regular legalmente el derecho a la objeción de conciencia de los empleados públicos, que ahora, por la naturaleza de su trabajo, están obligados a ejecutar este tipo de actuaciones".

En concreto, el protocolo aboga por que "ningún funcionario sufra sanción ni expediente disciplinario cuando en el momento de practicar un desahucio deba suspenderlo por causa debidamente justificada".

Además, ELA ha asegurado que "dada la gravedad de los acontecimientos que han rodeado a algunos desahucios, se hace necesario establecer un plan de emergencias psicológicas que asista a todas las personas que, habiendo participado en un desalojo, tengan necesidad de atenciones psicológicas".

El sindicato apuesta, entre otras medidas, por que "el Gobierno de Navarra proponga al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y a la junta de jueces que los juzgados informen a los servicios sociales competentes, desde el momento de la admisión de la demanda, de la existencia de un procedimiento del que se pueda derivar orden de desahucio".

Giménez ha expuesto que "hay presión social y política" ante los desahucios y ha defendido que por parte de ELA "tiene que haber una labor de acción en el ámbito laboral", con el fin de "empujar a la legislación para que se mueva". "Es una medida de presión para que se reconozca el derecho de objeción de conciencia de los trabajadores y para que no haya ningún desahucio sin realojo", ha recalcado.

Según Giménez, actualmente hay unos 1.500 procedimientos de desahucio en marcha en Navarra y 16.000 viviendas vacías en Pamplona. A juicio de ELA, "la situación es de tal urgencia que tenemos que actuar desde ya".